Nuevo jefe de asesores en Vivienda es investigado por presunto crimen organizado y lavado de activos

Expediente está en el despacho del fiscal y actual ministro Juan Carrasco Millones. Salatiel Marrufo Alcántara sostiene que ser investigado no lo hace culpable. “Yo no tengo ninguna sentencia condenatoria, como funcionario público, hay una infinidad de denuncias y las denuncias han sido siempre archivadas”, indicó.

Salatiel Marrufo Alcántara, abogado e investigado por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, fue designado como jefe de Gabinete de Asesores de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a cargo de Geiner Alvarado López.

Marrufo Alcántara ingresó en reemplazo de Jack Gary Salazar Velazque, quien fue removido del cargo en menos de un día y quien -según reportes periodísticos- también habría sido investigado años atrás por la fiscalía por presunta suplantación en exámenes de admisión.

El ministro Alvarado López, al ser consultado por Marrufo y los antecedentes de Salazar, ha preferido guardar silencio sobre ambos personajes.

Marrufo Alcántara es abogado graduado por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo y docente auxiliar a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSYH) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.

Si bien no registra inscripción política, su cercanía con Perú Libre se vio fortalecida cuando fue llamado como abogado para, dijo, “defender los votos” del partido en Chiclayo.

No demoró mucho en enarbolar la bandera partidaria y emular con un sombrero al candidato presidencial -hoy presidente- Pedro Castillo.

Las investigaciones

En el norte del país, Marrufo Alcántara es conocido por estar vinculado a las empresas azucareras como Tumán de la que fue apoderado. Por sus actividades viene siendo investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

El caso inició en 2017, cuando fue denunciado ante las Fiscalías Anticorrupción de Chiclayo, junto a otras quince personas, por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, peculado por extensión, fraude procesal, fraude en administración de personas jurídicas y apropiación ilícita.

La denuncia fue interpuesta por Leoncio Egusquiza Sánchez y Alejandro Zevallos, quienes representaban a una facción de la administración de EIA Tuman S.A.A.

Sin embargo, tras un proceso de competencia -en noviembre del 2018- el caso terminó siendo abierto por el despacho de la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo, a cargo del hoy ministro del Interior, Juan Carrasco Millones.

Carrasco Millones -a quien Marrufo calificó como “un buen magistrado”- abrió la investigación por el delito de organización criminal, lavado de activos y otros contra los que resulten responsables y programó la citación de los implicados. Entre ellos, Salatiel Marrufo Alcántara, Ernesto Flores Vílchez (hermano del excongresista Clemente Flores Vílchez) y otros exadministradores judiciales de la empresa agroindustrial Tumán, implicados en el caso.

Según los documentos fiscales, el abogado había sido citado para declarar en mayo pasado por el fiscal Carrasco -hoy bajo licencia- pero la diligencia no se llevó a cabo. Por ello, en un nuevo documento fiscal, se le requirió para el pasado 22 de junio. El caso, sigue abierto.

En el 2018 fue protagonista de un audio donde hablaba sobre las acciones que realizaría en un despacho judicial y que este dictaría para recuperar el rectorado de la Universidad Rodríguez de Mendoza de Amazonas a favor de su patrocinado Marino Castañeda Chávez.

En la conversación con su interlocutor, asegura que le interesa defender ese proceso pues su interés son los negocios de la casa de estudios de los que tendría participación, además de recibir un sueldo.

“El asunto es que tú y yo lo acordemos pues hermanos (…) cuando se trata de poner caja yo pongo caja, la cosa es que salga (…) hermano yo tengo una baja (ininteligible) porque me interesa el tema de la universidad ¿tú ya sabes por qué no? (…) a mí lo que me interesan son mis negocios, hermano. (…) allí puede salir 50, 500 veces más de lo que estamos (ininteligible) con el sueldo. Yo no vivo del sueldo de la universidad”, se le escucha decir en el audio a su interlocutor.

Soy investigado, pero no tengo sentencia

En declaraciones a El Comercio, Salatiel Marrufo Alcántara dijo que como toda persona que ejerce cargos público o en entidades “somos pasibles de denuncia”, pero que no tiene ninguna condena o proceso sancionador administrativo.

“El hecho que te presenten una denuncia o te formulen una denuncia ante el Ministerio Público no significa que seamos culpables. Yo no tengo ninguna sentencia condenatoria, como funcionario público, hay una infinidad de denuncias y las denuncias han sido siempre archivadas”, dijo.

Aseveró que cargos sensibles, como el que tuvo en la empresa agroindustrial Tuman, generó que personas “que no están de acuerdo con lo que haces; y es natural, creen que cometes ciertos hechos irregulares”. Por ello, afirmó que estaba en la obligación de esclarecer los hechos ante la fiscalía como en otras denuncias en su contra.

Respecto al audio, Marrufo Alcántara, dijo “me lo han recordado desde ayer”. Y aseveró que se dio en un contexto en que la mencionada universidad se encontraba en un proceso de elecciones para el rectorado y que a Marino Castañeda lo habían sacado arbitrariamente y que el proceso judicial aún seguía en trámite.

“Y si escuchas el audio con mucha tranquilidad y conocimiento jurídico allí en ningún momento se habla de acuerdo oficiales o extraoficiales que estaba resolviendo el caso”, afirmó.

Marrufo Alcántara dijo que fue convocado por personas de Perú Libre a las que conoce desde que era universitario y que hoy se encuentran dentro del dicho partido.

“No soy de Perú Libre, a mí me llegaron para ejercer la defensa legal en el proceso de impugnación de votos, de defensa de votos (de Perú Libre)como abogado en Lambayeque”, remarcó.

Asegura que cumple con el perfil, pues cuenta con 12 años en la administración pública siendo asesor de diferentes universidades y municipalidades; sobre todo en el norte del país.

“Creo que estoy dentro del perfil, no sé si haré bien el trabajo en el despacho, pero pondré todo mi esfuerzo para que así sea”, concluyó.

Según el registro de proveedores del Ministerio de Economía ha tenido contratos con el Estado por S/695,431.27.

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