El viceministro de Seguridad Pública, Héctor Loayza, aseguró que el Gobierno tiene presupuesto suficiente para expulsar a delincuentes extranjeros en flagrancia o aquellos que después del 10 de noviembre no hayan regularizado su situación migratoria en nuestro país.
Loayza hizo estas declaraciones luego de que especialistas en materia de seguridad ciudadana indicaran que para que se logre expulsar a todos los extranjeros que cometan ilícitos o que no hayan regularizado su situación legal se requeriría dos agentes policiales por cada agente expulsado que los acompañe hasta su país de origen.
"Tenemos presupuesto para ejecutar este plan de expulsión de delincuentes extranjeros. El presupuesto es suficiente para cumplir con esta meta", dijo Loayza en declaraciones a la prensa.
El viceministro también anunció que este martes 26 de septiembre se va a conocer el plan estratégico para ejecutar dichos procedimientos.
"Al término del plazo que vence el 10 de noviembre se va a iniciar una ola de operaciones para identificar a aquellas personas que estén en nuestro país y que no tengan ningún tipo de identificación. Dentro del plan estratégico que se va a presentar el día de mañana vamos a dar a conocer los detalles", manifestó.
Loayza también se refirió a las declaraciones que dieron los agentes terna sin mostrar su identificación a un dominical en donde señalan que ellos salen a las calles y avenidas principales para hacer operativos. Pero no pueden intervenir a los verdaderos delincuentes porque no forma parte del plan que se está ejecutando en estos momentos.
"Cuando se dice que no hay un plan, sería ilegal. Todo acto que realiza la Policía; es decir, una operación policial obedece a un plan de operaciones", aseguró.
El anuncio del Gobierno de expulsar a delincuentes extranjeros ha sido recibido con críticas por parte de algunos sectores, quienes consideran que esta medida es discriminatoria y que no va a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad de los peruanos y que se va a ejecutar de manera ordenada y respetando los derechos humanos.