Presidente quiso esconder a sobrinos en Venezuela y México, Además, negoció contrato millonario en viaje a EE.UU., señala investigación.
Adelantándose a cualquier maniobra del Gobierno, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este martes por la tarde la anunciada denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Se le imputa a Castillo Terrones, junto a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, de que sería parte de una organización vertical de estructura mafiosa enquistada en el aparato estatal, especialmente en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Petroperú y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El Congreso informó que recibieron en mesa de partes la denuncia constitucional y que esta será derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su calificación de acuerdo al artículo 89 del Parlamento.
Tal como se difundió en la carpeta de acumulación de los casos de Puente Tarata III y el biodiésel de Petroperú, estos son los primeros dos temas presentados a la representación nacional en la idea que estas carpetas fiscales serían irrefutables, según fuentes del Ministerio Público.
El argumento es que Castillo Terrones se confabuló con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el exministro de Transportes Silva, para beneficiar a los amigos del Presidente, como Zamir Villaverde, con una obra de ingeniería civil cuyo costo fue de 232.5 millones de soles. Se trata del proyecto Puente Tarata III.