El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, señaló que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces, y que el Estado está en el deber de garantizar tal independencia, de forma que se inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al justiciable, sino a los ciudadanos, en una sociedad democrática.
El titular del JNE indicó que la Carta Democrática Interamericana, suscrita por el Perú, estableció que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho y la separación e independencia de los poderes públicos.
Recordó también que diversos instrumentos normativos, tanto nacionales como internacionales, consagran el derecho a una justicia independiente y con las debidas garantías, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia Constitución Política del Perú.
Agregó que también hay principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“Las normas que provienen de los tratados internacionales son parte del derecho nacional porque así lo manda la Constitución”, refirió Jorge Salas Arenas durante la conferencia “La independencia del sistema de justicia y la democracia” que impartió en la Corte Superior de Justicia del Santa, en Áncash.
Además, refirió, “hay una orden expresa para que los jueces interpreten las decisiones conforme a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos que el Perú ha suscrito”.
El presidente del JNE expresó que el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia N.° 00007-2007, respecto del control de convencionalidad, estableció que lo que decide la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), no solo en cuanto a lo que constituye su propio fallo, sino a los fundamentos de la decisión, son vinculantes para los jueces del Perú.
“De modo que predicar contra lo que ya está señalado o establecido me parece que es arar en el desierto o cumplir un rol político”, remarcó.