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La Hora en Tacna, Perú

Los abogados se quejan de que la fiscalía no ha corregido la acusación e insiste con no precisar los cargos.

Si bien a las 5:00 de la tarde del lunes 16 de mayo, el fiscal José Domingo Pérez cumplió con presentar la acusación subsanada contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y 41 acusados por lavado de activos, las audiencias judiciales recién se reanudarán el 25 y 27 de mayo.

El juez Víctor Zúñiga quiso hacerlo de inmediato el martes 17 de mayo, pero no pudo porque los abogados no tuvieron acceso en el momento al documento fiscal de 2.384 hojas.

El acceso que les dio el Ministerio Público, dijeron, no funcionaba y la notificación se realizó durante todo el martes. Ante esta situación, el juez tuvo que posponer la audiencia y acoger un pedido de las defensas para darles tiempo de revisar el documento.

Ese plazo había sido pedido por la abogada Fanny Uchuya en la audiencia del 6 de mayo, pero el juez dijo que no era posible. Ayer cambió de idea al ver la demora en la notificación.

De acuerdo con lo resuelto por el juez Zúñiga, el fiscal debía hacer varias precisiones a la acusación. El abogado Humberto Abanto indicó que la fiscalía sigue sin sustentar las pruebas de cargo y especificar los delitos individuales de cada acusado.

“Es lo mismo. Siguen las imprecisiones. En varios casos no se ha realizado una investigación. Acusan por hechos que no han sido investigados. El juzgado es sumamente complaciente con la fiscalía”, afirmó Abanto.

Anotó que, contra toda lógica, varios acusados como Ana Herz y Pier Figari, el abogado Vicente Silva, el empresario José Chlimper y otros no habían sido interrogados ni se habían realizado diligencias claves para definir si situación legal.

Pese a que el fiscal solicita que se les impongan penas de 30 años y 10 meses de prisión, respecto a los procesados antes mencionados no se habrían realizado peritajes contables.

Sustentación fiscal

A partir del 25 de mayo, el fiscal José Domingo Pérez volverá a sustentar oralmente los hechos que atribuye a cada uno de los 42 acusados y las pruebas que sustentan la responsabilidad de cada uno de ellos. Los abogados se quejan de que los cargos son muy genéricos, que les faltan precisiones, para poder defenderse.