La bancada de Acción Popular ha dado un paso controvertido al presentar un proyecto de ley que busca eliminar el impedimento que actualmente restringe a los familiares de sus miembros para contratar con el Estado. Esta medida, de ser aprobada, también afectaría a funcionarios y autoridades en general.
El congresista Darwin Espinoza Vargas es el autor del proyecto 07575/2023-CR, respaldado por sus colegas Luis Ángel Aragón Carreño, Wilson Soto Palacios, Jorge Flores Ancachi, Luis Cordero Jon Tay y Elvis Vergara Mendoza. La iniciativa tiene como objetivo modificar el artículo 11.1 de la Ley 30225, conocida como la Ley de Contrataciones del Estado.
¿En qué consiste la propuesta? El proyecto pretende restablecer los derechos constitucionales a la libertad de contratación y la presunción de inocencia, derechos que han sido limitados por el marco normativo actual. Para lograrlo, se propone modificar los literales f, g y h del mencionado artículo, específicamente en relación con la contratación con el Estado de los cónyuges, convivientes y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad de funcionarios públicos y autoridades de elección popular.
La clave de esta modificación radica en limitar la restricción a la entidad donde el familiar del proveedor actualmente trabaja o haya trabajado. En otras palabras, se busca evitar que la prohibición afecte a contratos en otras instituciones o contextos.
La iniciativa se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional, que se pronunció sobre el impedimento para contratar con el Estado de los familiares de los funcionarios públicos y autoridades de elección popular. El Tribunal dispuso la inaplicación del impedimento establecido en el literal f de la Ley 30225, argumentando que la restricción debía aplicarse únicamente en la entidad donde el familiar del proveedor estuviera laborando.
Este controvertido proyecto ha generado debates acalorados en el Congreso y en la opinión pública. La demanda fue presentada por Domingo García Belaunde, y su aprobación o rechazo tendrá implicancias significativas en la transparencia y la ética en las contrataciones estatales.
