El proyecto busca que las autoridades asuman el costo de las indemnizaciones por fallos injustos y detenciones arbitrarias.
Gonza ha presentado una reforma legislativa que podría cambiar radicalmente la forma en que jueces, fiscales y policías enfrentan las consecuencias de errores judiciales y detenciones arbitrarias. La propuesta, presentada ante el Congreso, plantea que estas autoridades sean responsables directas del pago de indemnizaciones y multas impuestas por fallos injustos, una medida que busca fortalecer la justicia y prevenir futuros abusos.
Según el proyecto de ley, los fondos para cubrir estas sanciones se canalizarían a través de un fondo administrado por la Defensoría del Pueblo, lo que añadiría una capa de supervisión en la distribución de las indemnizaciones. Gonza argumenta que esta reforma se adecúa a la Constitución de 1993 y asegura una administración de justicia más equitativa.
El proyecto incluye la modificación de varios artículos de la Ley N.° 24973, que regula actualmente la indemnización por errores judiciales, ampliando su aplicación a nuevos escenarios y endureciendo las penas económicas para las autoridades responsables. Bajo la nueva normativa, las multas serían equivalentes al importe de la indemnización pagada por el Fondo Nacional, con un recargo adicional del 30%. Además, los responsables tendrían que cubrir estas sanciones en proporción a su salario diario por cada día de detención injusta.
“Las multas impuestas a las autoridades judiciales, fiscales, policiales o administrativas se calculan multiplicando el 10% de su remuneración mensual bruta por cada día de detención y/o privación de la libertad,” detalla la propuesta. Además, si hubiera un denunciante, este también sería incluido para el pago de la multa, de manera solidaria con las autoridades que incurrieron en el error.
Gonza sostiene que esta reforma no solo busca castigar a quienes cometen errores, sino también prevenir futuros abusos y restaurar la confianza en el sistema judicial. “El objetivo es que las autoridades comprendan la gravedad de sus decisiones y se responsabilicen directamente por ellas,” expresó el legislador.
Sin embargo, la propuesta ha generado controversia en el ámbito judicial. Algunos expertos temen que esta medida pueda desincentivar el trabajo de jueces y fiscales, quienes podrían actuar con mayor cautela por temor a represalias económicas, afectando así la eficacia de la justicia.
La Defensoría del Pueblo, que sería la encargada de administrar el fondo de indemnización, también se vería afectada por esta nueva responsabilidad, lo que ha suscitado debates sobre la viabilidad y equidad de la reforma.
A pesar de las críticas, Gonza se mantiene firme en su posición, insistiendo en que esta ley es necesaria para corregir las deficiencias del sistema actual. La propuesta será debatida en las próximas sesiones del Congreso, donde se espera que provoque un intenso debate entre los legisladores y la comunidad jurídica.
