En una operación matutina, la Fiscalía ha llevado a cabo el allanamiento de la oficina del congresista Darwin Espinoza. Este político se encuentra bajo escrutinio debido a las actividades de su equipo de trabajo durante el horario laboral. Según fuentes, los colaboradores de su despacho habrían estado involucrados en la recolección de firmas para la inscripción del controvertido “Movimiento Regional Adelante Áncash”.
Antecedentes:
El congresista Espinoza, miembro de la bancada Acción Popular, enfrenta una situación delicada. La misma agrupación política que lo llevó al Parlamento ha iniciado un proceso para su expulsión. El lunes pasado, la bancada anunció oficialmente su decisión de apartarlo de sus filas.
Investigación en marcha:
La Procuraduría General del Estado (PGE) también ha entrado en acción. Ha solicitado el inicio de diligencias preliminares relacionadas con posibles delitos contra la administración pública. Estos delitos estarían vinculados a la concusión y el peculado de uso cometidos por Espinoza Vargas.
Según el reportaje periodístico que desencadenó esta investigación, los trabajadores asignados al parlamentario habrían sido presionados para recolectar firmas de adherentes al “Movimiento Regional Adelante Áncash”. Lo alarmante es que estas actividades se habrían realizado durante el horario laboral, y los empleados habrían cubierto los gastos de traslado, estadía, alimentación y regalos con sus propios recursos.
Uso indebido de recursos estatales:
La PGE señala que el congresista Espinoza Vargas habría utilizado sistemáticamente los recursos del Estado. Esto incluye el uso de credenciales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Además, se le acusa de solicitar papelería y bienes estatales para su beneficio personal.
La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en la vida política. La ciudadanía espera que las autoridades competentes esclarezcan estos hechos y tomen medidas adecuadas en caso de comprobarse las irregularidades.