La parlamentaria María Cordero Jon Tay es investigada por el delito de concusión, tras exigirle a su asesor Rafael Cabrejos el 50% de su sueldo.
La formalización y continuación de la investigación preparatoria contra la suspendida congresista María Cordero Jon Tay, fue aprobada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. La decisión del magistrado Juan Carlos Checkely fue considerada en el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Congreso, aprobado por el pleno en marzo, que resolvió “hacer lugar a la formación de causa penal”.
Como se recuerda, Cordero Jon Tay es acusada de haber abusado del cargo de presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el Proyecto Binacional Puyango-Tumbes al haber solicitado, presuntamente, el 50% del sueldo de su asesor, Rafael Cabrejos.
“El abuso del cargo por parte de la investigada Cordero Jon Tay se habría materializado cuando en el ámbito de su competencia [congresista de la República] habría conminado [obligado] a Cabrejos Vela, para que le entregara hasta el 75 % de su remuneración mensual, logrando que este se comprometiera a entregar el 50 % de sus haberes mensuales a favor de la aludida investigada, lo que se habría realizado por intermedio de Braden Alexander Paredes Calla [técnico que laboraría en el área de archivo del Congreso de la República], durante los primeros seis meses de sus labores [marzo-agosto de 2022]”, se puede leer en la resolución.
Además, se hace mención a los audios que fueron divulgados en los programas periodísticos, donde María Cordero Jon Tay coacciona a Cabrejos para hacer la entrega de dinero, pese a que este se lo negó.
“El citado extrabajador le habría indicado que tenía obligaciones que pagar, la investigada Cordero Jon Tay, de forma prepotente, le habría manifestado no saber de sus pagos y que esa plata era intocable”, señala.
Tras ello, el juez Checkely decidió aprobar la formalización de la investigación contra Cordero Jon Tay, en su calidad de congresista de la República, como presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión.