El congresista Darwin Espinoza, de Acción Popular, enfrenta serias implicaciones legales tras ser acusado de presuntamente emplear recursos y personal del Congreso para promover su propio partido político, el “Movimiento Regional Adelante Áncash”. Según el procurador general del Estado, Javier Pacheco, este caso podría resultar en una pena de prisión efectiva de entre 2 y 12 años.
El procurador calificó la situación como “gravísima”, destacando que el uso indebido de recursos públicos para fines personales es una falta seria que debe ser castigada conforme a la ley. Según Pacheco, Espinoza podría enfrentar una pena de hasta 8 años por concusión en el primer caso, y de 2 a 4 años por el segundo caso, lo que suma una posible condena de hasta 12 años de prisión.
En respuesta a estas acusaciones, Espinoza negó haber utilizado recursos del Estado para beneficiarse personalmente, argumentando que los trabajadores involucrados estaban suspendidos durante el tiempo en que fueron grabados realizando las actividades en cuestión. Además, afirmó haber solicitado la suspensión de estos trabajadores y sus pagos durante 15 días en marzo.
"Todo lo que tenga que ver con algunos indicios de algo irregular, yo saludo que se investigue", declaró Espinoza ante la prensa. Sin embargo, también mencionó que el secretario general de Acción Popular, Juan Abad, le solicitó dinero, junto con algunos favores para renovar el contrato de una persona cercana.
A pesar de las acusaciones y la gravedad de las implicaciones legales, Espinoza afirmó que no renunciará al partido político que representa. Antes de concluir su declaración ante los medios, mencionó que fue su hermano quien adquirió el kit electoral por el que está siendo cuestionado.
El caso de Espinoza continúa generando controversia y será materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes, mientras que el Congreso y la opinión pública siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos.