La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha intensificado su presión sobre el gobierno peruano, exigiendo a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso que desistan de promulgar una ley que prescribiría los delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002.
Esta medida, según la Corte, dejaría impunes crímenes como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y vulneraría los derechos de las víctimas.
La decisión del organismo internacional se produce como respuesta a una carta enviada por el Ejecutivo y el Legislativo en julio, donde rechazaban las constantes injerencias de la Corte en asuntos internos. Sin embargo, este organismo supranacional ha recordado al Perú su obligación de cumplir con las decisiones de la Corte IDH, incluidas las medidas provisionales otorgadas a las víctimas.
"La Corte ofende al derecho internacional y al derecho interno de los Estados. Ha pasado los límites de la tolerancia jurídica panamericana", afirmó el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien considera que este organismo falta el respeto a la soberanía peruana.
El extitular de Relaciones Exteriores incluso sugirió que el Perú debería retirarse de la Corte IDH: "No entiendo por qué el Perú sigue perteneciendo a un sistema interamericano que le da la espalda".
Un debate sobre la soberanía
La disputa entre el Perú y la Corte IDH ha reavivado el debate sobre la soberanía nacional y la aplicación de los tratados internacionales. Mientras el gobierno peruano defiende su autonomía para legislar, la Corte insiste en la necesidad de garantizar justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
