La atención del ámbito político y judicial peruano se centra en el expresidente Martín Vizcarra, quien, según diversas fuentes y el avance de su juicio oral, podría ser sentenciado en las próximas semanas por graves ilícitos penales presuntamente cometidos durante su gestión como Gobernador Regional de Moquegua. La contundencia de los medios probatorios, testimonios y declaraciones de testigos y colaboradores eficaces a lo largo del proceso judicial ha llevado a que surja la interrogante sobre la inacción del Ministerio Público.
Resulta llamativo que, hasta la fecha, la Fiscalía no haya solicitado la detención preventiva o el arresto domiciliario del procesado, a pesar de lo que se consideran indicios razonables de que Vizcarra podría intentar eludir la acción de la justicia.
La estrategia de la "victimización política"
Martín Vizcarra, por su parte, ha optado por una estrategia de victimización. Señala que las imputaciones en su contra tienen una clara motivación política y argumenta que se busca impedir, de manera irregular, su "legítimo derecho" a postular a la presidencia de la República.
Sin embargo, el historial reciente de Vizcarra sigue siendo objeto de un intenso escrutinio. Se recuerda que el 9 de noviembre de 2020, el Congreso de la República lo vacó con 105 votos. En los días subsiguientes, Vizcarra intentó ser repuesto como Jefe de Estado, contando con el respaldo del Partido Morado, diversas ONG y lo que se califica como "prensa sumisa". Se ha sostenido que las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Manuel Merino fueron financiadas por grupos económicos aliados al vizcarrismo. Medios de comunicación adscritos a grupos como "El Comercio", "La República" y RPP habrían realizado, de manera excepcional, transmisiones ininterrumpidas para generar una sensación de caos total y de rechazo ciudadano al gobierno de Merino. Incluso, el congresista De Belaunde (Partido Morado) llegó a asegurar la supuesta desaparición de decenas de personas como parte de la represión ordenada por el nuevo gobierno.
La caída de Merino y el rol de los actores políticos y mediáticos
La trágica muerte de dos jóvenes ocurrida la noche del sábado 14 de noviembre de 2020 fue imputada a la Policía Nacional del Perú. Posteriormente, la entonces Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formularía denuncia constitucional contra el presidente Merino, su ministro del Interior y el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz. Se ha señalado que el presidente del Congreso en funciones, (APP), exigió la mañana del 15 de noviembre la renuncia de Manuel Merino.
La movilización de jóvenes fue, según voces críticas, alentada y sobredimensionada por la prensa adscrita al vizcarrismo, presentándola como una "insurgencia popular". Los manifestantes coreaban consignas como "Merino no me representa" y estaban dispuestos a desatar la violencia callejera necesaria para precipitar un desenlace político. La "coalición vizcarrista" se puso en acción. El breve gobierno de Manuel Merino, la deslealtad de APP y César Acuña, y los medios de comunicación presuntamente financiados por el erario nacional, habrían sido determinantes en un contexto social marcado por la pandemia.
El Congreso de ese entonces no fue capaz de rebatir el argumento propuesto por la abogada Rosa María Palacios, en el sentido de que solo estaban aptos para ser elegidos presidentes del Congreso los 19 congresistas que no habían respaldado la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Por ello, solo quedaron aptos los congresistas del Partido Morado, del Frente Amplio y figuras como Daniel Urresti. La elección de Francisco Sagasti como presidente del Congreso y de Mirtha Vásquez fueron, según esta perspectiva, consecuencia de una maniobra política sin precedentes, configurando el gobierno de Francisco Sagasti como "la segunda fase" del gobierno de Martín Vizcarra.
Más allá de la presidencia: Controvroversias y acusaciones graves
Hoy, Martín Vizcarra exhibe una actitud de autosuficiencia, reafirmando su condición de "perseguido político" y liderando un partido que, según denuncias, habría falsificado miles de firmas. Se le critica por no ser un orador ni un intelectual, y por carecer de una visión asociada a un proyecto nacional. Vizcarra asumió la presidencia de la República en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.
Una de las primeras acciones atribuidas a Vizcarra fue su intento de controlar el Ministerio Público, cuestionando al entonces Fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Se afirma que Vizcarra siempre contó con el apoyo de los grupos "El Comercio", "La República" y RPP. La trama de los "cuellos blancos del puerto" y la detención de Keiko Fujimori en octubre de 2018, han sido presentadas como ejemplos de cómo el Equipo Especial Lava Jato actuaba con un claro propósito político.
Se recuerda también que, cuando el expresidente Alan García solicitó asilo al gobierno uruguayo de Tabaré Vásquez, fue Martín Vizcarra quien supuestamente ordenó el envío de más de mil folios del llamado expediente "Alan García" al gobierno uruguayo. Uruguay, en un giro inesperado, no honró su tradición en favor del asilo, negándolo después de 16 días de permanencia del presidente García en la residencia de la Embajada uruguaya en Lima.
Martín Vizcarra siempre habría respaldado a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, un apoyo que hoy es cuestionado al conocerse que ambos fiscales suscribieron el "entreguista Acuerdo de Colaboración Eficaz" con la constructora Odebrecht, calificado como un acuerdo lesivo a los intereses nacionales. Se ha señalado la presunta complicidad en esta impunidad, con directivos de Odebrecht eximidos de responsabilidad penal, sin allanamientos ni embargos de cuentas, una situación que, según las críticas, fue "alentada desde el gobierno con el beneplácito de la prensa obsecuente".
La mañana del 17 de abril de 2019, Vizcarra, según se describe, estuvo expectante cuando agentes de la DIVIAC allanaron la casa del presidente García para cumplir la orden judicial de detención preliminar. Se relata que Vizcarra convocó a una sesión del Consejo de Ministros a una hora inusual y que se montó un escenario en la Plaza San Martín. El trágico desenlace de Alan García, quien "optó por el honor", ha llevado a que se solicite investigar el accionar de la DIVIAC, de Harvey Colchado y del ministro Morán.
Finalmente, se le imputa el "golpe" del 30 de septiembre (disolución del Congreso), consumado con la presunta complicidad del entonces primer ministro Salvador Del Solar y "legitimado" por un Tribunal Constitucional que habría estado "al servicio del gobierno". Su gestión de la pandemia de COVID-19 también es fuertemente criticada: se le acusa de descartar la compra de pruebas moleculares, no permitir el apoyo del sector privado en el abastecimiento de oxígeno, imponer una rigurosa cuarentena que afectó la economía, promover compras irregulares, demorar el abastecimiento de vacunas y ser vacunado de manera irregular.
El futuro inmediato: Sentencia y riesgo de fuga
Hoy, Martín Vizcarra se perfila como candidato presidencial y, para sorpresa de muchos, la encuestadora CPI lo ha ubicado recientemente en primer lugar de intención de voto, un hecho que también genera polémica.
Se espera que la sentencia condenatoria en su contra sea leída y notificada a la brevedad. Existe la preocupación de que, al igual que Nadine Heredia, quien eludió la acción de la justicia recientemente con el apoyo del gobierno de Lula Da Silva (sin que el gobierno de Boluarte realizara observación alguna), Vizcarra intente una maniobra similar. Se especula que Lula da Silva, visto como "padrino" o "capitoste" de las constructoras brasileñas, podría estar dispuesto a otorgarle asilo, aunque este escenario podría ser adverso debido al rechazo que ha generado en la oposición brasileña el asilo a Nadine Heredia, lo que podría incluso impulsar un "juicio político" contra el líder del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, no se descarta que Vizcarra explore otros escenarios.
Los próximos días serán decisivos, siendo urgente que el Ministerio Público evite el inminente "peligro de fuga" del procesado y que la unidad de Inteligencia de la PNP cumpla sus funciones. El Poder Judicial, según se enfatiza, "no puede ser sorprendido y burlado una vez más. No a la impunidad".
