En un giro significativo en la política peruana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso ha admitido a trámite una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y varios exministros. La acusación, que se centra en la disolución del Congreso en 2019, ha reavivado el debate sobre la legalidad de las acciones del gobierno de Vizcarra.
Un Cierre Controversial
La controversia se remonta a 2019, cuando Vizcarra disolvió el Congreso, una medida que sus detractores califican de inconstitucional. La denuncia fue presentada por los congresistas Patricia Chirinos y Alejandro Muñante, quienes argumentan que Vizcarra y su gabinete interpretaron erróneamente una denegación fáctica de la cuestión de confianza, lo que llevó al cierre del Poder Legislativo.
Acusaciones y Consecuencias
La denuncia alcanza a 22 personas, incluyendo a exmagistrados del Tribunal Constitucional, y solicita una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos. Los artículos 38, 39, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú son citados como los presuntamente infringidos.
Investigación en Curso
Durante un debate reciente, la legisladora Patricia Juárez enfatizó la importancia de admitir la denuncia para investigar posibles infracciones constitucionales. La sesión extraordinaria de la SAC, celebrada tanto presencialmente como virtualmente, concluyó con 15 votos a favor de admitir la denuncia, uno en contra y una abstención.
Próximos Pasos
El documento de calificación será ahora considerado por la Comisión Permanente. Si se aprueba, se asignará un delegado para elaborar el informe final contra Vizcarra y los exministros implicados. Este caso se suma a una denuncia previa contra Vizcarra relacionada con el caso “Los Intocables de la Corrupción”.
Este desarrollo es un recordatorio de la tensión constante entre los poderes del estado y la necesidad de un escrutinio cuidadoso de las decisiones gubernamentales.
