La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó este martes un predictamen que abre la puerta a que los congresistas realicen proselitismo político durante el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando lo hagan fuera del horario de sesiones y previa solicitud de licencia sin goce de haber. La medida, que incorpora el artículo 25-A al Reglamento del Parlamento, ha generado una inmediata controversia en el ámbito político.
El dictamen, propuesto por el congresista Arturo Alegría el pasado 23 de mayo, recibió una aprobación excepcionalmente rápida, en tan solo 10 días, sin esperar los aportes y opiniones que habían sido solicitados a autoridades y expertos en materia electoral. De hecho, la comisión recién remitió los oficios el 27 de mayo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, así como a los especialistas José Villalobos, José Alfaro y Virgilio Hurtado, quienes aún no han emitido pronunciamiento alguno.
Libertad de expresión y mandato representativo: Los argumentos detrás de la medida
Según el nuevo texto aprobado, los parlamentarios tendrán la facultad de "expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad". La disposición aclara que esta actividad estará permitida siempre que no interfiera con las sesiones del Pleno ni las comisiones, salvo que los congresistas soliciten la mencionada licencia sin goce de haberes.
El dictamen fundamenta esta prerrogativa en la función representativa del congresista, que "implica la posibilidad de expresar opiniones políticas, criticar o respaldar a autoridades y programas de gobierno, incluso durante periodos electorales". Además, el documento apela a la libertad de expresión y al mandato conferido por los electores como bases para esta nueva autorización.
¿Ventaja indebida? La polémica servida
La aprobación de este predictamen no ha tardado en generar polémica. Críticos de la medida señalan que otorga una clara ventaja a los congresistas frente a otros funcionarios públicos, quienes, para realizar campaña política, suelen estar obligados a renunciar a sus cargos o solicitar licencias de manera más restrictiva.
La celeridad en la aprobación y la omisión de las opiniones de expertos en derecho electoral y el JNE, justo antes de un ciclo electoral importante, intensifican las críticas. La discusión se centrará ahora en si esta nueva prerrogativa respeta el principio de equidad en la contienda electoral y la imparcialidad que se espera de todos los funcionarios del Estado.
