En 2017, cuando era titular del Ministerio Público, coordinó un preacuerdo secreto con Odebrecht.
En el 2018, llamó por teléfono al fiscal Rodrigo Rurush para ordenarle que no realice un acto de investigación. Rurush había acudido al local de IDL a pedir una exhibición voluntaria de documentos del caso “Cuellos blancos”, pero Gustavo Gorriti se negó y llamó a Sánchez, inventando que era víctima de un “allanamiento ilegal”.
Estas acciones han motivado el inicio de investigaciones al fiscal supremo.
Durante el 2017, cuando era titular del Ministerio Público, coordinó un preacuerdo secreto con Odebrecht. Esto le valió críticas del mismo Rafael Vela, y dos denuncias constitucionales en el Congreso.
A fin de evitar que esto afecte la imagen de la institución que encabezaba, Sánchez usó 17 mil soles de recursos públicos para encuentros con periodistas como Gorriti, Rosa María Palacios, César Campos y Fernando Rospigliosi.
El problema fue que no lo hizo por medio de su Oficina de Imagen, sino que contrató a la consultora Chisac.
Actualmente, enfrenta un proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia, por triple cobro al Estado. Había percibido ingresos como fiscal supremo, como docente de una universidad estatal, y como presidente de la Academia de la Magistratura.