El Congreso de la República aprobó el pasado viernes 10 de mayo la Ley General de Contrataciones Públicas, una normativa que busca modernizar y optimizar los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras en el sector público. Esta nueva ley, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representa un importante paso hacia una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al beneficio de los ciudadanos.
Un marco normativo para una contratación pública más efectiva
La Ley General de Contrataciones Públicas establece un marco normativo integral que regirá la contratación pública en el Perú. Entre sus principales objetivos destacan:
- Promover la inversión y evitar la paralización de obras: La ley incorpora la figura de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, simplifica la gestión de obras y fortalece el rol preventivo de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas.
- Implementar nuevos mecanismos de adquisición: Se introducen nuevas herramientas como las compras públicas de innovación, las compras centralizadas, y mecanismos específicos para la atención de emergencias y la reconstrucción tras desastres.
- Priorizar la calidad sobre el precio: Se adopta el principio de "valor por dinero", buscando maximizar la eficiencia, eficacia y economía en las contrataciones públicas.
- Fortalecer el Registro Nacional de Proveedores (RNP): El RNP se convierte en un repositorio de información relevante sobre los proveedores, accesible para entidades públicas y ciudadanía en general, incluyendo datos sobre su desempeño en contrataciones con el Estado.
- Transparentar las contrataciones públicas: Se consolida la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (PLADICOP) como herramienta de transparencia, incorporando al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y a los Catálogos Electrónicos.
Un avance significativo para la gestión pública
La aprobación de la Ley General de Contrataciones Públicas representa un hito importante en la modernización del Estado peruano. Se espera que esta nueva ley contribuya a:
- Reducir los plazos de contratación: Agilizando los procesos de adquisición y evitando la paralización de proyectos de inversión pública.
- Mejorar la calidad de las obras y servicios públicos: Priorizando la calidad sobre el precio y estableciendo mecanismos para asegurar la eficiencia en la ejecución de contratos.
- Fomentar la transparencia y la lucha contra la corrupción: Implementando herramientas digitales que permitan un mayor acceso a la información y control ciudadano sobre las contrataciones públicas.
- Promover la innovación y la competitividad en el sector privado: Abriendo nuevas oportunidades para las empresas que deseen participar en proyectos públicos.
En definitiva, la Ley General de Contrataciones Públicas se perfila como una herramienta fundamental para fortalecer la gestión pública en el Perú, impulsando el desarrollo económico y social del país en beneficio de todos los ciudadanos.
