El Poder Judicial ha dictaminado un impedimento de salida del país por 18 meses contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de organización criminal agravada, entre otros cargos. La medida fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, presidido por el juez Saúl Peña Farfán, y busca evitar cualquier posibilidad de fuga mientras se desarrollan las indagaciones.
La decisión responde a una solicitud presentada por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que había pedido inicialmente un plazo de 36 meses. La fiscal suprema Delia Espinoza justificó el pedido basándose en el peligro procesal que representa la presunta implicación de Benavides en una red criminal que, según las acusaciones, habría operado al interior del Ministerio Público.
El juez Peña Farfán, al acoger parcialmente el requerimiento de la fiscalía, ordenó la implementación inmediata de la medida, instruyendo a la Policía Judicial y a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que se asegure su cumplimiento y registro en los sistemas de control migratorio del país.
La restricción contra Patricia Benavides, que entrará en vigor el 29 de agosto de 2024, estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026, periodo durante el cual la exfiscal no podrá abandonar el territorio nacional. Esta decisión subraya la gravedad de las acusaciones en su contra y la importancia de garantizar su presencia durante el proceso judicial.