En un intento por frenar el abandono de proyectos de infraestructura y las millonarias pérdidas económicas que esto genera, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, ha presentado el Proyecto de Ley N.° 11510/2024-CR. La iniciativa busca sancionar de forma ejemplar a las empresas nacionales e internacionales que dejen inconclusas obras públicas en el país.
La propuesta legislativa plantea modificar la Ley General de Contrataciones Públicas para establecer la inhabilitación definitiva de aquellas compañías que interrumpan, sin justificación legal, la ejecución de proyectos cruciales como carreteras, hospitales o escuelas. La medida más trascendental es que esta sanción alcanzaría directamente a los propietarios, socios, directivos y representantes legales de dichas empresas, buscando erradicar la impunidad.
Creación de un Registro Nacional de Inhabilitados
El proyecto de ley también contempla la creación de un Registro Nacional de Inhabilitados, el cual estará bajo la administración del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes en Perú (OECE). En este registro se incluirán tanto a personas naturales como jurídicas que hayan sido sancionadas, impidiéndoles contratar con el Estado hasta que regularicen su situación legal.
"He presentado una iniciativa para erradicar la impunidad de aquellas empresas que paralizan obras públicas, afectando directamente al pueblo. Hoy existen más de 1,400 obras abandonadas con un valor que supera los 11 mil millones de soles. Esto no puede continuar”, afirmó el congresista Soto, enfatizando la magnitud del problema.
Cierre de vacíos legales y responsabilidad de funcionarios
Una de las metas fundamentales de esta propuesta es cerrar los vacíos legales que permiten a las empresas sancionadas evadir las restricciones. Actualmente, algunas firmas logran participar en nuevas contrataciones estatales mediante nuevas razones sociales o a través de una participación indirecta, eludiendo así las consecuencias de sus incumplimientos.
Además, el Proyecto de Ley N.° 11510/2024-CR incluye castigos para los funcionarios públicos que, por negligencia o falta de capacitación, contribuyan a la paralización de proyectos. Con ello, se busca reforzar la responsabilidad administrativa y técnica dentro de la gestión pública, asegurando que tanto contratistas como servidores estatales asuman las consecuencias de sus acciones u omisiones.
La iniciativa de Wilson Soto busca sentar un precedente en la gestión de obras públicas, priorizando la culminación de proyectos vitales para el desarrollo del país y garantizando la rendición de cuentas.
