Continúa investigación por presunta colusión de expresidente en compra de pruebas rápidas.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, solicitó al Poder Judicial (PJ) la autorización para levantar el secreto bancario y de las comunicaciones del exmandatario Martín Vizcarra.
Esta medida se tomó después de que se reabriera la investigación preliminar sobre la presunta concertación de Martín Vizcarra con empresas privadas para la adquisición de pruebas rápidas durante la pandemia de COVID-19.
Villena también requirió al PJ medidas similares para los exministros María Antonieta Alva Luperdi, María Hinostroza Pereyra y Víctor Zamora Mesía.
Además, el fiscal interino instó a que los implicados en el caso amplíen sus declaraciones indagatorias, las cuales aún no se programa.
Por último, el titular del Ministerio Público, solicitó al Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima informar si, en el contexto de la investigación fiscal a otras personas, se recabó alguna declaración, informe, registro de audio o video, o cualquier documento que indique la presunta intervención de los investigados. De existir, se solicitó que se acompañen copias certificadas de la información.
Como es público, en junio, Villena había anunciado su decisión de no presentar una denuncia constitucional contra Vizcarra debido a la falta de “indicios de que haya habido una colusión”.
Según el fiscal interino, “por lo menos, en lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle de cómo se intervino en estos hechos”.
Sin embargo, Katherine Ampuero, exprocuradora del caso Odebrecht, expresó su preocupación por la decisión de Villena, acusándolo de omitir información relevante al archivar el caso contra Vizcarra por la compra de pruebas rápidas de COVID-19. Ampuero manifestó que no se consideraron datos de conocimiento público que constituyen evidencias significativas para el caso.
