La reciente aprobación de un dictamen en la Comisión de Constitución del Congreso, que permitiría a los congresistas realizar proselitismo político durante sus funciones (incluso con licencia sin goce de haber), ha encendido las alarmas sobre posibles sanciones millonarias para las organizaciones políticas. Se advierte que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) podría imponer multas de hasta 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a un millón 70 mil soles, si los partidos permiten que sus legisladores promuevan ideologías partidarias durante la semana de representación o mientras gozan de licencias.
La ONPE es la entidad responsable de aplicar estas sanciones administrativas. "No es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el que sanciona, sino la ONPE, que debe intervenir multando a los partidos que incurran en proselitismo político mediante las labores de fiscalización que ejercen los legisladores. La sanción puede llegar hasta 200 UIT", señalaron fuentes cercanas a la fiscalización electoral.
¿Licencia sin goce de haber: un salvoconducto para el proselitismo?
La preocupación surge porque, según los expertos, obtener una licencia sin remuneración no debería autorizar a un congresista a realizar actividades proselitistas. "El hecho de que un legislador esté con licencia no significa que deje de ser congresista. Por tanto, no está exento de las responsabilidades del cargo", argumentan.
El dictamen aprobado en la Comisión de Constitución propone la incorporación del artículo 25-A al Reglamento del Congreso. Este artículo, finalmente redactado de la siguiente manera: "Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad. Esto no habilita actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros y/o del Pleno del Congreso, salvo se solicite licencia de goce de haber".
La crítica principal es que esta modificación podría abrir la puerta a campañas proselitistas de los legisladores durante la Semana de Representación, vulnerando el principio de neutralidad, especialmente relevante durante los periodos electorales.
Recomendación de demanda de inconstitucionalidad y propuesta de Rospigliosi
Ante esta situación, se recomienda a los Colegios de Abogados del país presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular este cambio en el reglamento, en caso de que sea aprobado y oficializado por el Pleno del Congreso.
En medio de la controversia, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, ha propuesto una medida paliativa: eliminar las semanas de representación durante los meses de campaña electoral, específicamente entre enero y marzo de 2026. Esta propuesta buscaría mitigar el riesgo de que la Semana de Representación sea utilizada como una plataforma para el proselitismo.
La decisión final sobre la aprobación y reglamentación de esta reforma será clave para el futuro de la fiscalización electoral y la equidad en la contienda política.
