Con votos 50 a favor, 6 en contra y 24 abstenciones, la Representación Nacional archivó el informe final.
El pleno del Congreso no aprobó la Denuncia Constitucional N.°359, el cual recomendaba acusar a la congresista de no agrupada, María del Pilar Cordero Jon Tay, por la presunta comisión del delito de concusión y su inhabilitación por un plazo de 10 años por infracción a la Constitución.
Durante la sesión, la parlamentaria denunciada María Cordero solicitó a sus colegas un voto de conciencia, considerando que la injusticia extrema no es humanitaria. “La justicia debe ser el mejor valor de cada uno de ustedes (congresistas), porque todos somos iguales. Tengo derecho a la presunción de inocencia”, expresó su descargo en el Parlamento.
Como es público, la denuncia fue formulada por la congresista Martha Moyano (FP), quien argumentó la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal.
“Respecto del antejuicio, de conformidad con el inciso D.6 del artículo 89 del Reglamento del Congreso y en virtud al análisis realizado sobre los hechos materia de investigación, el presente informe final recomienda acusar a María del Pilar Cordero Jon Tay, en su condición de congresista de la República por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, en agravio del Estado”, manifestó la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
Además, el informe final solicitaba la suspensión de la congresista mientras dure la investigación y respecto del juicio político, la inhabilitación por un plazo de 10 años por infracción a la Constitución en los términos expuestos.
Es importante señalar que, en abril de 2023, un programa periodístico presentó una serie de audios donde exponía a la legisladora recortó el sueldo de uno de los trabajadores de su despacho desde el año 2022.
Según su exasesor, la alta funcionaria le exigió hasta el 50% de su sueldo final, mostrando como pruebas grabaciones de las conversaciones que ambos mantuvieron. El testimonio ante la Comisión de Ética, el afectado Rafael Cabrejos Vela, confirmó que la legisladora no agrupada le recortó un total de 80 mil soles durante el tiempo que laboró para ella.