El ciudadano, quien por años permaneció en situación de abandono y extrema vulnerabilidad en las calles, padece de esquizofrenia paranoide y obesidad mórbida. Sentencia dispone su asistencia diaria y su eventual traslado a un albergue de larga estancia.
En un fallo sin precedentes que prioriza los derechos humanos y la salud pública, el Poder Judicial emitió una sentencia de protección integral a favor de Mickey José Martínez Meneses Mendiola, ciudadano conocido popularmente en la ciudad como «Micky». La resolución judicial reconoce formalmente su estado de abandono y dispone una pauta de atención multisectorial para garantizarle una vida digna.
De acuerdo con el sustento de la sentencia, Martínez Meneses padece un cuadro complejo de salud que incluye esquizofrenia paranoide, retardo mental moderado y obesidad mórbida, condiciones que lo colocaban en un escenario de desamparo absoluto al no contar con un soporte familiar o institucional en la región.
Monitoreo médico y soporte diario
El mandato judicial distribuye responsabilidades específicas a diversas instituciones de la localidad para asegurar el bienestar y la estabilidad del ciudadano:
- Asistencia cotidiana: El hogar protegido “Esperanza de Vida” será el encargado de suministrarle asistencia diaria, cubriendo sus necesidades básicas de alimentación, higiene personal y el acompañamiento estricto en sus tratamientos de habituación.
- Soporte psiquiátrico y clínico: El Hospital Hipólito Unanue y la Red de Salud de Tacna han sido designados de forma conjunta para asegurar su atención médica integral, el suministro de fármacos y el seguimiento permanente de su evolución mental y física.
El dictamen también deja abierta la posibilidad de un traslado definitivo hacia un albergue de larga estancia, dependiendo de las evaluaciones médicas posteriores.
Un caso de conocimiento público
Por años, el caso de «Micky» formó parte de la cotidianidad urbana de Tacna. Debido a la falta de medicación y el descontrol propios de sus padecices mentales, el ciudadano protagonizó en diversas oportunidades altercados y comportamientos agresivos en establecimientos de comida locales.
A esta situación se sumaba su condición de obesidad mórbida, factor que incrementaba exponencialmente sus riesgos de salud y su desprotección mientras deambulaba por la vía pública.
La medida de amparo y restitución de derechos fue impulsada de manera directa por la fiscal Iris León Bravo, quien canalizó el requerimiento de apoyo legal e institucional ante los fueros correspondientes. Con esta determinación, la judicatura local sienta un precedente crucial en la defensa del derecho a la integridad física y mental de las poblaciones vulnerables y con diagnósticos psiquiátricos severos en abandono de la calle.
