Más de 300 pobladores de la provincia de Jorge Basadre iniciaron una paralización indefinida.
Mientras las comunidades expresan su rechazo a las denuncias de la gobernadora de Moquegua, el Gobierno Regional de Tacna responsabiliza al presidente del Congreso por las consecuencias sociopolíticas.
El conflicto en torno al ordenamiento territorial en el sur del país ha escalado a una situación de alta complejidad técnica y social. Más de 300 pobladores de las localidades de Vilalaca, Coraguaya, Borogueña, Cambaya y Santa Cruz han iniciado una paralización de carácter indefinido en la provincia de Jorge Basadre. Como medida de protesta radical, los manifestantes tomaron las instalaciones de la Bocatoma de Ite y bloquearon su compuerta utilizando cemento, impidiendo de forma total el trasvase de agua que abastece a la ciudad de Ilo, en la región Moquegua.
Los dirigentes de las comunidades altoandinas señalaron de manera contundente que la medida de fuerza se mantendrá de forma inalterable hasta que las autoridades atiendan sus demandas. El objetivo de la población es asegurar que se descarte cualquier iniciativa que, según sostienen, comprometa la delimitación territorial y los intereses económicos y sociales de las localidades involucradas. Asimismo, la población organizada manifestó su abierto rechazo ante las recientes denuncias públicas emitidas por la gobernadora regional de Moquegua.
En los fundamentos de la protesta, los manifestantes cerraron el acceso a la infraestructura hidráulica en rechazo al proyecto de ley N.° 11658. Esto se debe a que un sector considera que su aprobación no afectaría los límites territoriales de Moquegua, mientras que otros sectores de la movilización sostienen que la norma sí afectaría la delimitación territorial y los intereses específicos de sus propias localidades.
GORE Tacna defiende la ley y responsabiliza a José María Balcázar
Ante el estallido de las movilizaciones, el Gobierno Regional de Tacna emitió un pronunciamiento oficial para fijar la postura de la institución. La gestión encabezada por el gobernador Luis Torres Robledo expresó su rechazo a la observación de la autógrafa del Proyecto de Ley 11658/2024-PE y reiteró la defensa irrestricta del territorio regional.
La sede regional de Tacna sustentó los siguientes puntos institucionales:
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Reordenamiento legítimo: El GORE Tacna sostuvo firmemente que la iniciativa legislativa no altera ni modifica los límites fronterizos con Moquegua. Por el contrario, precisaron que busca un reordenamiento interno necesario para favorecer el acceso de las comunidades altoandinas a los recursos y servicios básicos del Estado.
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Cuestionamiento técnico: La entidad lamentó y cuestionó la ola de desinformación que ha generado fricciones innecesarias entre Tacna y Moquegua. Además, afirmaron que el proyecto cumplió rigurosamente con todos los procedimientos técnicos y legales, recibiendo en su momento el respaldo de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial y siendo aprobado con más de 91 votos a favor en el Pleno del Congreso.
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Responsabilidad política: El Gobierno Regional de Tacna responsabilizó directamente al presidente de la República, José María Balcázar Zelada, por las consecuencias sociopolíticas que pueda ocasionar esta decisión en el sur del país.
Defensoría del Pueblo y Fiscalía instan al diálogo urgente
La gravedad del bloqueo de la infraestructura hídrica movilizó de inmediato a las autoridades encargadas de velar por los derechos ciudadanos y el orden público. El jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Tacna, Edward Vargas Valderrama, se trasladó a la provincia de Jorge Basadre para supervisar de primera mano el desarrollo de la protesta.
Vargas Valderrama precisó que, por el momento, la situación constituye una acción de protesta y no un conflicto social propiamente dicho. No obstante, el funcionario formuló un llamado urgente a las autoridades políticas y a los dirigentes comunales para priorizar el diálogo constructivo, con el fin de alcanzar una solución concertada que evite la radicalización de las medidas y garantice el bienestar de la población civil.
Por su parte, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía, extendió una exhortación formal a los pobladores de Jorge Basadre para que depongan la medida de fuerza en la Bocatoma de Ite. La institución fiscal remarcó la importancia de evitar actos vandálicos o bloqueos radicales que terminen afectando el orden público, el libre tránsito y los derechos fundamentales del resto de la ciudadanía.
