La disposición fiscal de 60 días se basa únicamente en la denuncia de un tercero. Defensa técnica advierte que la emisión de opiniones institucionales no constituye delito ni interfiere con los fueros del Poder Judicial.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna dispuso el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 60 días en contra del gobernador regional, Luis Torres Robledo, con el objetivo de esclarecer una denuncia que carece, hasta el momento, de pruebas contundentes o elementos de convicción sólidos que vinculen directamente a la autoridad con algún tipo de ilícito.
La investigación parte de una denuncia formalizada por el abogado Daniel Astete García respecto al presunto manejo de 35 hectáreas ubicadas en las inmediaciones del aeropuerto Carlos Ciriani, las cuales estuvieron ocupadas por la Asociación Pequeños Empresarios de la Región Tacna (Apertac).
A nivel técnico, la acusación se sostiene bajo el presunto delito de avocamiento ilegal de procesos en trámite. Según la argumentación del denunciante, el Gobierno Regional de Tacna (GRT) habría emitido opiniones de carácter favorable orientadas a promover la Ley 32607 —normativa aprobada por el Congreso de la República que declara de interés nacional dicho predio—, supuestamente omitiendo detallar que existían litigios judiciales en curso, como un proceso contencioso administrativo y una acción de amparo.
Un trámite administrativo sin efectos judiciales
Fuentes del entorno legal y constitucional señalan que la denuncia confunde las competencias de los poderes del Estado y carece de sustento penal real. La emisión de opiniones técnicas o institucionales por parte de un gobierno regional con destino al Legislativo forma parte de las funciones de gestión y desarrollo local, y en ningún escenario jurídico posee la capacidad de detener, alterar o "avocarse" a las decisiones que autónomamente tramita el Poder Judicial.
Por el contrario, la Ley 32607 es de exclusiva autoría, debate y aprobación de las bancadas del Parlamento Nacional, instancia soberana que cuenta con sus propios filtros de fiscalización y legalidad. Atribuirle responsabilidad penal a la autoridad regional por el ejercicio de la libertad de opinión institucional resulta, para diversos analistas del derecho, una medida desproporcionada y sin viabilidad jurídica de prosperar.
Funcionario de la OABI en la mira de la defensa denunciante
El sesgo de la acusación ha llevado a que el abogado denunciante anuncie que también buscará incluir en la investigación a Jonás Ayma Mamani, jefe de la Oficina de Administración de Bienes Inmuebles (OABI) del GRT. Esto debido a que el funcionario tramitó ante la Municipalidad Provincial de Tacna un cambio de zonificación del terreno de "Industrial" a "Residencial", un procedimiento estrictamente administrativo y regular dentro del ordenamiento territorial de cualquier urbe.
Para la defensa de la gestión regional, catalogar este trámite como un acto "oculto" o un "contrasentido" responde únicamente a una narrativa de carácter mediático por parte de la denuncia, puesto que la suspensión de una subasta pública previa demuestra, precisamente, que el Ejecutivo Regional actuó con transparencia y cautela legal respecto al estado real del predio.
Finalmente, se conoció que el mismo denunciante solicitó de forma paralela un procedimiento a la Fiscalía de Prevención del Delito, lo que evidencia un intento de judicializar por múltiples vías administrativas y penales las acciones cotidianas del Gobierno Regional, el cual ha manifestado en reiteradas oportunidades su total respeto a la Constitución y su compromiso de no interferir en los procesos de desalojo o usurpación que correspondan estrictamente al fuero judicial.
