La Fiscalía de la Nación, a través de su Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ministros Morgan Niccolò Quero Gaime, en su calidad de ministro de Educación, y Ángela Teresa Hernández Cajo, como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ambos funcionarios son señalados como presuntos autores del delito de incitación a la discriminación en su modalidad agravada.
La denuncia se fundamenta en acciones que, según la Fiscalía, atentan gravemente contra los derechos de los niños y niñas de las comunidades nativas Awajún y Wampis, ubicadas en la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.
Los hechos que motivaron esta medida se refieren a declaraciones de los denunciados ante medios de comunicación nacional. Estas expresiones, de acuerdo con la Fiscalía, habrían promovido y legitimado la exclusión y desvalorización de los referidos agraviados.
Esta denuncia eleva a nivel constitucional la preocupación por las implicaciones de las declaraciones de altos funcionarios públicos en el contexto de la diversidad cultural y los derechos de las comunidades nativas. El proceso continuará ahora en el fuero parlamentario, donde el Congreso de la República deberá evaluar la admisibilidad y el curso de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación.
