La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha notificado oficialmente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la orden de restituir a Patricia Benavides Vargas en el cargo de titular del Ministerio Público. A través de una carta dirigida a su despacho, la JNJ dejó sin efecto la resolución que destituyó a Benavides y ordenó su inmediata reincorporación. No obstante, hasta la fecha, la medida aún no ha sido ejecutada.
El organismo constitucional también resolvió revertir las sanciones impuestas a Enma Rosaura Benavides Vargas, exjueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, y a Azucena Inés Solari Escobedo, exfiscal suprema provisional, lo que añade complejidad al panorama judicial.
La restitución de Patricia Benavides abre un nuevo escenario de incertidumbre dentro del Ministerio Público, dado que el cargo de Fiscal de la Nación se encuentra actualmente ocupado por Delia Espinoza, designada mediante un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos. Este acuerdo, según algunos especialistas, permanece vigente y no ha sido anulado.
Opiniones divididas sobre el retorno al cargo
El abogado constitucionalista Samuel Abad sostuvo que la decisión de la JNJ no es suficiente para que Benavides retorne directamente como Fiscal de la Nación. "Hay un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, un acuerdo de cuatro miembros que no está sometido a esta controversia. Y ese acuerdo nadie lo ha anulado. El acuerdo está vigente", señaló Abad en declaraciones a un medio local.
Abad precisó que, de ejecutarse la reincorporación, Benavides solo podría volver como fiscal suprema, ya que "el cargo de fiscal de la Nación ya está ocupado", enfatizó. Esta postura sugiere que la JNJ puede restituir su condición de fiscal, pero no necesariamente su posición al frente de la institución, generando un posible conflicto de poderes y una prolongada disputa legal.
La situación actual deja al Ministerio Público en un limbo, a la espera de cómo se resolverán los próximos pasos ante este mandato de la JNJ que, aunque claro en su orden de restitución, se enfrenta a una interpretación legal sobre la jerarquía de los acuerdos internos de la fiscalía.
