Un contundente megaoperativo anticorrupción se ejecutó esta madrugada en cuatro regiones del país, liderado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La intervención busca esclarecer presuntos actos de corrupción en el Programa Nacional Wasi Mikuna, anteriormente conocido como Qali Warma.
Las diligencias se llevaron a cabo en 11 inmuebles ubicados en Ayacucho (Huamanga y Huanta), Amazonas (Chachapoyas), Cajamarca y Ucayali (Pucallpa). El operativo, dirigido por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, resultó en la detención preliminar de cuatro funcionarios vinculados al sistema de alimentación escolar comunitaria.
Según la hipótesis fiscal, estos especialistas alimentarios integrarían una presunta organización criminal que habría recibido sobornos de la empresa proveedora Frigoinca SAC, una contratista del Estado. En el despliegue participaron 11 fiscales, personal de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público y 117 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), incluyendo efectivos de la Dirección de Inteligencia (Dirin) y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor). La Fiscalía anunció la acción en su cuenta oficial de X, confirmando el "mega operativo de allanamiento de 11 inmuebles con fines de detención preliminar judicial" y la incautación de documentos clave.
Wasi Mikuna bajo sospecha: Cierre del programa y alerta sobre debilidades en controles
El Programa Nacional Wasi Mikuna fue clausurado tras la publicación del Decreto Supremo N.º 006-2025-MIDIS, que declaró en emergencia el servicio alimentario escolar debido a múltiples casos de intoxicación en colegios públicos.
Sin embargo, las pesquisas fiscales revelan que la caída del programa no solo respondería a fallas sanitarias, sino a un sistema presuntamente cooptado por intereses privados en colusión con funcionarios encargados de garantizar alimentos a escolares.
En paralelo al proceso penal, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) implementa modalidades alternativas de asistencia, como la transferencia directa de dinero a las familias bajo condiciones específicas.
Este caso pone en evidencia serias debilidades institucionales en los controles de compras públicas. La Fiscalía subraya que la corrupción en programas sociales no solo implica pérdidas económicas, sino también "consecuencias directas en la salud y bienestar de niños y niñas". Las diligencias reservadas continúan en busca de ampliar responsabilidades.
