El Congreso de la República ha dado un paso importante hacia la inclusión financiera al aprobar, en primera votación y exonerado de la segunda, un proyecto de ley que autoriza el pago de sueldos, beneficios sociales, gratificaciones, CTS y pensiones a través de billeteras digitales como Yape, Plin y otras plataformas similares. Esta medida, de carácter voluntario y bajo acuerdo entre empleador y trabajador, busca modernizar los pagos laborales en todo el país.
La nueva normativa reconoce oficialmente a las billeteras digitales como un medio válido para realizar pagos tanto en el sector público como en el privado. Esto permitirá a los empleadores depositar haberes y otras compensaciones laborales de manera más accesible y eficaz, siempre bajo estrictos estándares de seguridad para proteger las transacciones.
Voluntariedad y seguridad, claves de la medida
La implementación de esta modalidad será estrictamente voluntaria, requiriendo el mutuo consentimiento entre el empleador y el trabajador, el cual podrá formalizarse al momento de la contratación o en cualquier otro momento posterior. Es crucial que el trabajador considere esta opción conveniente y que se cumplan todas las normas de seguridad establecidas en el futuro reglamento.
La ley permitirá el uso de cuentas de ahorro ofrecidas por entidades del sistema financiero, incluyendo cuentas básicas, así como cuentas de dinero electrónico, siempre y cuando estén reguladas y supervisadas por las autoridades competentes. Además, las empresas emisoras de estas billeteras digitales estarán sujetas a una supervisión permanente para garantizar la seguridad de cada transacción.
A la espera del reglamento del MEF
A pesar de la aprobación de la ley, su implementación efectiva aún depende de la reglamentación. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el encargado de elaborar este reglamento, que detallará los procedimientos específicos que empleadores y trabajadores deberán seguir para utilizar las billeteras digitales como medio de pago.
Se espera que el reglamento sea aprobado en un plazo máximo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la ley, lo que marcará el inicio de esta nueva era en los pagos laborales en Perú, con el potencial de beneficiar a millones de ciudadanos que ya utilizan estas plataformas en su vida diaria.
