El gabinete ministerial liderado por el premier Eduardo Arana se presentó este jueves ante el Congreso de la República para exponer la Política General de Gobierno y solicitar el crucial voto de confianza. La jornada, marcada por anuncios significativos y un encendido debate, determinará la continuidad de los ministros elegidos para implementar las directrices de la presidenta Dina Boluarte.
La sesión, que se inició con la invitación del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, al gabinete Arana para dar lectura a la Política General de Gobierno, se extendió por varias horas, con intervenciones de los congresistas que revelaron las posturas divididas de las bancadas.
Anuncios del Ejecutivo: Economía, seguridad y bienestar social
Desde el estrado, el premier Arana presentó una serie de medidas y logros proyectados por el Ejecutivo, buscando convencer al Parlamento.
- Economía y Empleo: Arana destacó la recuperación económica del país, informando un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4.7%, con un crecimiento comparativo del 3.5% (y 2.2% respecto a 2024). Anunció un "shock desregulatorio" para eliminar 5,050 trámites, proyectando un alza del PBI de hasta 1% en 2025. Se espera la formalización de más de 613 mil trabajadores y la creación de 100 mil empleos temporales con el programa Llamkasun Perú. También se propondrá homologar el régimen laboral del DL 276.
- Seguridad Ciudadana: El Gobierno prometió una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado. Informó sobre seis megaoperativos y más de 70 mil intervenciones en mayo, con casi 20 mil detenidos, destacando la captura de "Jota Jota" y la desarticulación de parte de la red de "El Monstruo". Para reforzar la inteligencia policial, se instalará un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial (IA) en 107 comisarías, con una inversión de S/38 millones. Además, se anunció el bloqueo de 1.5 millones de celulares no registrados en 2025 para combatir la extorsión, y la propuesta de una norma para destinar fondos congelados de crímenes a la Policía Nacional. También se plantea la creación de un Registro Nacional de Maquinaria Minera y la ampliación del tipo penal de minería ilegal, tras detectar la UIF más de 2,800 millones de dólares en operaciones sospechosas ligadas a esta actividad.
- Salud y Educación: Se anunció una millonaria inversión en hospitales, con reinicio de obras clave y nuevos proyectos hospitalarios en varias regiones, beneficiando a 2.3 millones de personas. Destaca la construcción de un nuevo IREN para la macrorregión sur en Arequipa, con S/1,900 millones de inversión. En educación, se anunció un alza histórica de sueldos para maestros y auxiliares, con la primera escala docente alcanzando S/ 3,500 y la octava S/ 7,351.
- Servicios Básicos y Energía: Se impulsará una inversión en agua, saneamiento y vivienda que beneficiará a más de un millón de personas, con 205 obras rurales y 87 urbanas en marcha. En energía, se ejecutan 165 proyectos de electrificación rural y se masificará el gas natural en Cusco y el sur con una inversión superior a US$ 500 millones.
- Minería y Relaciones Exteriores: La minería se proyecta como motor de desarrollo sostenible con 67 proyectos de inversión por US$64 mil millones. En política exterior, Perú refuerza lazos con EE. UU., con una misión político-comercial en julio, y acelera su integración comercial con Asia y Medio Oriente, buscando TLCs con Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia y El Salvador. Se defenderán los beneficios del TLC con EE. UU. ante los recientes aranceles.
- Tecnología e Inclusión Social: El Gobierno implementará el Centro Nacional de Inteligencia Artificial para fortalecer la seguridad y apoyar a las MYPES. En el ámbito social, la pensión de Pensión 65 subirá a S/ 350 y se incorporarán 12 mil nuevos beneficiarios.
Críticas y la tensión sobre el Sistema Interamericano de DD.HH.
La exposición del premier no estuvo exenta de críticas. El congresista Elvis Vergara (Acción Popular) exigió "mano dura" contra la delincuencia y propuso que Perú se retire de la CIDH, cuestionando la efectividad de las medidas presentadas. En la misma línea, Jorge Montoya (Honor y Democracia) tildó los contratos Gobierno a Gobierno de "focos de corrupción" y demandó un "bloqueo absoluto" de celulares en las cárceles, mientras que sobre la CIDH, planteó una "salida más ágil" con decisión presidencial ratificada por el Congreso.
Desde Renovación Popular, Alejandro Muñante adelantó que su bancada no otorgará el voto de confianza, argumentando que el Ejecutivo no ha cumplido con sus 11 pedidos, entre ellos combatir la inseguridad y reformar el sistema judicial. Similar postura adoptó José Luna Gálvez (Podemos Perú), quien afirmó que su bancada tampoco dará la confianza, pues a pesar de haber entregado un plan al premier, "no se hizo nada".
En un punto álgido, el Ejecutivo propuso la creación de una comisión multisectorial para evaluar la continuidad del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ratificando que no se destinará dinero público a indemnizaciones a favor de condenados por terrorismo.
Durante la sesión, se observaron ausencias notables. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, se retiró del hemiciclo mientras el premier exponía, al igual que el propio presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, lo que generó un vacío en la mesa directiva.
Llamado a la unidad y garantía de Elecciones 2026
En su mensaje final, el premier Eduardo Arana hizo un firme llamado a la unidad nacional, enfatizando que "no somos enemigos de la patria" y que la división no es sostenible para el Perú. Reafirmó el compromiso del Gobierno con la seguridad, el crecimiento económico y una transición democrática transparente, garantizando que los comicios generales de 2026 serán libres, seguros y transparentes, con transferencias presupuestales al sistema electoral, despliegue de fuerzas de seguridad y observación internacional.
Ahora, la pelota está en la cancha del Congreso, que evalúa si el Gabinete Arana recibirá el voto de confianza necesario para continuar con los lineamientos propuestos por la presidenta Dina Boluarte. La jornada ha dejado en claro las prioridades del Ejecutivo y las marcadas diferencias con un sector del Legislativo.
