ONG IDL apoya uso de recursos públicos para la defensa de intereses particulares en materia penal.
Una denuncia de peculado de uso les cayó este jueves a los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba Barba y José Domingo Pérez, por la presunta utilización dolosa de los ambientes del Ministerio Público para su participación virtual en la audiencia de tutela de derechos donde buscaban anular las declaraciones, en contra de ambos, del exasesor de la Fiscalía Jaime Villanueva.
El abogado Luis Miguel Caya Salazar presentó un escrito ante la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos contra Vela Barba y José Domingo Pérez, “por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de Peculado de Uso, previsto y sancionado en el artículo 388 del Código Penal; en agravio del Estado”.
Resulta que la Audiencia de Tutela de Derechos del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que despacha el Dr. Juan Carlos Checkley fue programada y desarrollada el día miércoles 29 de mayo del 2024 desde las 9:36 a. m. hasta las 11.15 a. m., es decir en horario de trabajo.
En ese paréntesis de tiempo, los implicados asistieron a dicha convocatoria en calidad de personas naturales, como es en todo proceso de tipo penal, y así lo hizo notar Checkley, cuando los investigados Vela y Pérez ponían énfasis en sus cargos.
Además, procesados ambos por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, estaban obligados a utilizar sus bienes privados y no echar mano al fácil recurso de la utilización de sus despachos que son de propiedad del Estado “para realizar sus alegatos de defensa, incurriendo presuntamente en el delito de peculado de uso”, señala el letrado en la denuncia.
La noticia corrió como reguero de pólvora en círculos judiciales y las redes sociales, incluso hubo dudas de si habría delito o simple falta administrativa, por lo que hubo que recurrir a consultas a expertos, para quienes sí lo hay, salvo algunos abogados de la ONG IDL que es el soporte mediático, a través de Gustavo Gorriti, de los fiscales Vela y Pérez.
No les da derecho
El hecho material que los dos denunciados trabajen laboralmente como funcionarios en el Ministerio Público no les da derecho a utilizar la infraestructura e instalaciones dentro del horario de atención al público, menos aprovecharse de sus cargos para disponer que las oficinas de la entidad pública sean utilizadas para sus fines personales, según opinión mayoritaria.
“Tampoco podían utilizar las oficinas, mobiliario, equipos informáticos, laptops, internet, y otros bienes y servicios para sus asuntos de tipo personal que, obvio, no son del trabajo específico como funcionarios del Estado en su calidad de fiscales del caso Lava Jato, a riesgo de incurrir en delito de peculado de uso”, declaró a EXPRESO el penalista Alex Starost.
Dicho de otra forma, que en horario laboral los citados funcionarios Vela y Pérez hayan dispuesto, por sí y ante sí, realizar actividades, esto implica que usaron su poder de control de las dos oficinas para su beneficio personal, agrega.
Vulneran código de época
Una conducta de esta naturaleza, además, vulnera el Código de Ética del funcionario público, el Reglamento Interno del Ministerio Público y otras normas de mayor jerarquía como el artículo 388 del Código Penal vigente, precisamente sobre peculado de uso, agrega.
“De manera concreta los dos denunciados debieron solicitar licencia personal, sin goce de haber, para ejercer cada cual su defensa ante el Poder Judicial, en consecuencia, está probado plenamente que están incursos en peculado de uso en agravio del Ministerio Público”, reiteró el letrado.
