Medida facultaría al JNE a actuar de oficio frente a irregularidades.
El congresista Alejandro Muñante asumió la iniciativa de promover un proyecto de ley que plantea declarar nulas las inscripciones de organizaciones políticas que lograron su registro mediante el uso de firmas falsas.
Renovación Popular impulsó esta medida con el objetivo de depurar el sistema electoral y fortalecer la legalidad en los comicios generales, regionales y municipales de 2026.
La propuesta legislativa habilita al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a intervenir directamente y declarar la nulidad de inscripción cuando detecte irregularidades en la validación de afiliaciones.
Según el documento, la medida se aplicaría incluso en casos donde el Reniec haya dado inicialmente por válidas las firmas fraudulentas.
“El JNE se encuentra habilitado a resolver y declarar la nulidad de oficio de las inscripciones (…) aun cuando el Reniec haya validado la información”, señala el texto presentado por Muñante ante el Congreso.
Además, la iniciativa establece un periodo de suspensión para las organizaciones políticas implicadas. Este lapso no podrá ser menor de seis meses ni mayor de dos años, durante el cual las agrupaciones no podrán participar en procesos electorales ni ejercer los derechos correspondientes a las organizaciones con inscripción vigente.
Por otro lado, el proyecto también faculta al JNE a suspender de forma preventiva la inscripción de los partidos que enfrenten un proceso de nulidad, siempre que existan indicios fundados de falsificación.
En ese contexto, el Pleno del JNE deberá definir, en un plazo no mayor de 30 días, los procedimientos y lineamientos aplicables.
Asimismo, la norma contempla la revisión de oficio de las afiliaciones indebidas registradas en los últimos cinco años. Este mecanismo permitiría a los ciudadanos solicitar nuevamente su desafiliación gratuita si fueron vinculados a partidos sin su consentimiento.
De esta manera, Renovación Popular se posiciona como el primer grupo parlamentario en proponer una herramienta concreta para sancionar a las organizaciones políticas que hayan transgredido los requisitos legales para obtener su inscripción.
