Militares y policías que cumplieron con la ley en los sucesos violentos de inicios del actual gobierno son investigados y juzgados porque Dina Boluarte, Otárola y otros “les dieron la espalda y los han abandonado a su suerte”.
Es tal el avance de la criminalidad de todo tipo y la inseguridad que la alta oficialidad, oficiales superiores y subalternos en situación retiro de las Fuerzas Armadas han lanzado una suerte de manifiesto que refleja el descontento de la milicia contra el gobierno de la mandataria Dina Boluarte y el titular de la PCM, Alberto Otárola, al responsabilizarlos de haber abandonado a las fuerzas del orden sin apoyo político de ningún tipo ante las persecuciones judiciales.
“… Los firmantes de este pronunciamiento expresan su total disconformidad con la forma en que el gobierno de la Presidente Dina Boluarte Zegarra y su Consejo de Ministros está manejando los asuntos del Estado referidos a la seguridad integral como el principal problema que aqueja al país y exhortan a la señora presidente a enmendar rumbo…”, señalan.
Tras más de un año de gestión de la actual mandataria, los firmantes del documento subrayan que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto mediante Decreto Supremo Nº 006-2022-IN del 21 de junio de 2022, esto en referencia a la “Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030”, que tenía por objetivo “prevenir el delito y, por el contrario, se verifica el incremento de la inseguridad ciudadana, el aumento de la actuación de bandas criminales incluyendo bandas extranjeras, la falta de medios para el control territorial…”.
Y lo más lamentable es “que el mencionado fortalecimiento y modernización ha quedado solo en el discurso ya que actualmente la Policía Nacional no cuenta con los medios logísticos y tecnológicos apropiados, no tiene el personal suficiente y debidamente entrenado y, lo que es peor, tiene una policía desmoralizada, maltratada y mal pagada”, agrega.
Radiografía del crimen
El último sondeo de la encuestadora CPI de mediados de febrero de este año, da cuenta de ese incremento de la criminalidad por cuanto el 90.8% de entrevistados considera que la delincuencia se dispara, principalmente en el norte (94.1) y el centro (94.9).
Desborde donde lo que más preocupa a la ciudadanía es el robo o asalto a mano armada, el sicariato y los asesinatos de diversa índole, la extorsión, el robo de celulares y los secuestros en general, siendo lo más preocupante el secuestro a menores.
Le siguen los robos domiciliarios, de motos, el cobro de cupos, feminicidio, violaciones, estafas por internet, el tráfico ilícito de drogas y, obviamente, la delincuencia organizada, incluida la transnacional, como el Tren de Aragua que opera en Venezuela desde el 2007.
Todo un paquete de delitos que no son denunciados en un 59.3% de los afectados porque, según el sondeo, “es en vano” o porque “nadie hace nada”, otros por temor a las represalias, por el hecho de que los sueltan de inmediato o simplemente no confían en la policía.
En una situación de inseguridad generalizada, las encuestas y el sentido común el 79.3% de encuestados piden la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad. El gran problema es que los efectivos de la milicia, sobre todo del Ejército, están con números más que disminuidos en los cuarteles.
Esta radiografía, que no difiere mucho de otros sondeos y estudios, debe ser una de las razones, junto al comportamiento del gobierno en los sucesos violentos y terroristas posteriores al golpe de Estado castillista del 7 de diciembre de 2022, del porqué en los Institutos Armados le han perdido la confianza al gobierno.
Manoseos de la PNP
“La Policía Nacional ha sufrido en los últimos años el descabezamiento de sus altos mandos policiales para colocar en el cargo a personas designadas por intereses personales, lo cual constituye una afrenta más para la policía y para todo su personal”, acusan.
“Se suponía que esos ‘manoseos’ al alto mando habían cesado con la dación de la Ley 31570 promulgada el año 2022; sin embargo la población ha sido testigo de la destitución ilegal del Comandante General de la PNP por una falla a nivel operativo de la seguridad presidencial, todo esto con el aval del ministro Víctor Torres que debió asumir su responsabilidad política y renunciar al cargo por decencia”, añaden en el pronunciamiento.
