La Primera Sala Civil restituyó los derechos de propiedad a los agricultores originales del Valle Viejo. Sentencia quedó firme tras el pronunciamiento de la Corte Suprema y afectará a lotizaciones en la vía Tacna-Pachía.
En un fallo histórico que marca un precedente en la lucha por la defensa de las tierras agrícolas de la región, la Primera Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna declaró la nulidad de las adjudicaciones de tierras realizadas por la Asociación de Pequeños Agricultores «El Valle Viejo de Tacna». Con esta decisión, se restituyen los derechos de propiedad de aproximadamente 400 hectáreas ubicadas en el distrito de Calana a sus beneficiarios originales.
La sentencia de vista, contenida en la Resolución N.° 223, ratifica el fallo de primera instancia que dejó sin efecto un total de 21 actos jurídicos de adjudicación, plasmados en 67 escrituras públicas suscritas entre junio y septiembre de 2005. El colegiado determinó que estas transferencias vulneraron escandalosamente la finalidad con la que el Estado entregó los predios, violando además los estatutos de la propia asociación.
El origen del conflicto: De la agricultura a las inmobiliarias
Para entender la magnitud del caso, es necesario remontarse a 1999, año en que el Ministerio de Agricultura adjudicó cerca de 400 hectáreas de terrenos eriazos a la referida asociación con un fin exclusivo: desarrollar proyectos de irrigación y producción agrícola. Los únicos beneficiarios legítimos eran 44 agricultores debidamente empadronados que contaban con derechos de agua de regadío.
Sin embargo, según denunció el agricultor Edgar Efraín Valdés Sánchez —quien mantuvo la legitimidad para accionar judicialmente en defensa de los fines originales pese a haber sido separado de la asociación—, la historia cambió bajo la gestión de Alberto Eugenio Alponte Carpio. Durante dicha administración se incorporaron de forma irregular a nuevos asociados que no cumplían con los requisitos, procediendo a entregarles parcelas de cinco hectáreas bajo la modalidad de «casa-huerta», las cuales terminaron posteriormente en manos de terceros y empresas inmobiliarias.
Siete inmobiliarias y cientos de compradores afectados
La resolución judicial determina que la asociación carecía por completo de facultades para cambiar el destino agrícola de los predios, por lo que los contratos y escrituras de venta no tienen ninguna validez jurídica.
Según detalló Valdés Sánchez a Radio La Estación, la medida golpea directamente a siete empresas inmobiliarias que impulsaban proyectos comerciales entre los kilómetros 12 y 14 de la carretera Tacna-Pachía:
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Área lotizada: Alrededor de 220 hectáreas ya habían sido independizadas y lotizadas para la venta de terrenos y proyectos de casas-huerta.
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Devolución de dinero: Ante la contundencia del fallo judicial, se reportó que varias de las empresas implicadas ya han comenzado a devolver el dinero a los clientes que solicitaron resolver sus contratos tras enterarse de la situación legal de los terrenos.
La Corte Suprema tumba la adjudicación a la PNP
El caso también arrastra una controvertida entrega gratuita de cinco hectáreas a favor del Ministerio del Interior para el uso de la Policía Nacional del Perú (PNP). Dichas tierras fueron cedidas originalmente para facilitar el traslado de una dotación de agua del río Caplina destinada al Escuadrón de Caballería.
Desde el año 2010, cuando el actual alcalde provincial de Tacna, Pascual Güisa Bravo, se desempeñaba como jefe de la Región Policial, el Ministerio del Interior asumió el pago de los autovalúos correspondientes ante la Municipalidad Distrital de Calana, que en ese entonces era liderada por Juan Ramos Arocutipa.
No obstante, la legalidad de esta transferencia fue impugnada mediante el Expediente N.° 8192-2017. El proceso contencioso-administrativo escaló hasta la Corte Suprema de la República, el máximo tribunal del país, el cual declaró nulos los actos jurídicos relacionados a favor de la PNP. El tribunal supremo determinó que la institución policial no reunía —ni podía reunir— los requisitos exigidos por ley para integrar una asociación agraria ni para acceder a la adjudicación de tierras con fines de cultivo. Esta decisión también dejó sin efecto de forma automática el traslado del derecho de uso de agua.
Sentencia firme: Terrenos regresan a sus dueños
Al declararse improcedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, la sentencia ha quedado firme y consentida. El expediente será devuelto en breve al juzgado de origen para su ejecución inmediata.
Tras este triunfo legal que tomó años de litigio, los agricultores originales anunciaron que solicitarán formalmente la división y partición de las 400 hectáreas para restituirlas de manera física y legal a los verdaderos y legítimos socios reconocidos por el Estado.
