La norma publicada este 8 de noviembre modifica el Código Penal para establecer la presunción de racionalidad a favor del agredido y prohibir la exigencia de proporcionalidad matemática de medios.
En respuesta al incremento de la delincuencia y atendiendo el histórico desamparo legal denunciado por los ciudadanos al repeler ataques criminales, el Poder Ejecutivo aprobó un cambio sustancial en la legislación penal del país mediante la promulgación del Decreto Legislativo N.º 1743, publicado este 8 de noviembre de 2026.
La medida fue emitida en uso de las facultades delegadas por el Congreso de la República a través de la Ley N.º 32743 (publicada el 22 de octubre de 2026), la cual otorgó un plazo de 90 días al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.
Inversión de la carga probatoria: el Ministerio Público deberá probar el exceso
Uno de los ejes centrales del D. Leg. N.º 1743 es la modificación del literal b) del numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, introduciendo formalmente la presunción de racionalidad en favor de la persona que se defiende.
"Se presume que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de modo racional frente a la agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario", precisa el texto legal.
Con este cambio, se pone fin a la práctica donde el ciudadano agredido debía demostrar ante las comisarías y la Fiscalía que su reacción no fue "desproporcionada". A partir de la vigencia del decreto, la ley parte del principio de buena fe y racionalidad del agredido, trasladando enteramente la carga de la prueba a los fiscales.
Fin a la proporcionalidad estricta de medios
La norma excluye el criterio rígido de igualdad entre las armas del agresor y de la víctima, priorizando un análisis contextual y de estrés agudo durante el ataque:
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Evaluación de circunstancias: Se considerará la intensidad del ataque, la peligrosidad de la agresión, la actitud del delincuente y los medios disponibles al momento del evento.
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Perspectiva de la víctima: La validez de la reacción debe ser juzgada según la posición de quien ejerce la defensa y las condiciones inmediatas de zozobra o sorpresa.
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Uso de fuerza letal: Se reconoce expresamente la validez del uso de la fuerza letal cuando las circunstancias de la agresión lo ameriten para neutralizar la amenaza inminente a la vida, integridad o bienes.
Blindaje procesal y archivo fiscal
Asimismo, el D. Leg. N.º 1743 incorpora candados procesales en la etapa de investigación preliminar, obligando a los fiscales a aplicar criterios de motivación cualificada. Esta medida busca impedir aperturas arbitrarias de procesos penales o detenciones injustificadas contra ciudadanos que actuaron en defensa propia, disponiendo el archivo inmediato de las actuaciones cuando se configure la presunción legal.
