La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso ha concluido que la presidenta Dina Boluarte incurrió en abandono de cargo sin justificación constitucional, tras someterse a varias cirugías estéticas y no comunicar su incapacidad temporal. El informe final de la comisión, recomienda la suspensión temporal de la mandataria por infracción a la Constitución.
El documento detalla que la presidenta experimentó "un período de incapacidad temporal médica" tras sus intervenciones, que incluyeron "atención quirúrgica especializada" y "hospitalización con atención personalizada del 28 al 30 de junio de 2023". Según el informe, este período, sumado a la recuperación ambulatoria asistida, osciló entre el 28 de junio y el 4 de julio de 2023.
"Este período representa una suspensión fáctica en el ejercicio pleno de las funciones presidenciales, no solo por la limitación física resultante de la operación, sino por el entorno clínico de recuperación, alejado del dinamismo y exigencia del cargo público más alto del país", precisa el informe. Además, señala que "se ha visto comprometida la continuidad del mando presidencial, la capacidad de toma de decisiones en tiempo real, la atención de emergencias nacionales y la conducción general de la política del Estado, conforme al artículo 118 de la Constitución".
Recomendación de suspensión y advertencia de vacancia por incapacidad moral
El informe subraya que al no haber comunicado su imposibilidad de hacerse cargo de la Presidencia de la República para que se activaran los mecanismos constitucionales, Boluarte habría cometido una infracción a la Carta Magna. "Ello configuraría una posible infracción de los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución. Al encontrarnos ante indicios de una presunta infracción constitucional, correspondería evaluar la procedencia de una suspensión temporal de la mandataria, por incapacidad declarada por el Congreso de la República, hasta que se esclarezca su situación y se determinen las responsabilidades correspondientes", señala el documento.
Más allá de la suspensión, la Comisión de Fiscalización va más allá y precisa que la presidenta Dina Boluarte habría incurrido en una serie de acciones que "comprometen directamente la integridad moral del ejercicio del cargo y afectan gravemente la confianza pública". Entre estas acciones se mencionan la "violación a los derechos humanos y evasión de responsabilidad política (caso Rolex)"; el "presunto uso indebido del aparato estatal con fines político-partidarios (caso del “cofre presidencial”)"; la "negación constante de las cirugías estéticas"; el "presunto contubernio en el otorgamiento de salvoconducto exprés a Nadine Heredia Alarcón"; la "suplantación de funciones y la presunta falsificación de firmas en normas legales"; así como el "amedrentamiento y hostigamiento al personal médico de la clínica donde fue atendida la mandataria".
"Estos hechos constituyen una acumulación crítica que vulnera la ética pública, deslegitima el liderazgo presidencial y socava los fundamentos mismos de la institucionalidad democrática. En consecuencia, y conforme al artículo 113 inciso 2 de la Constitución, corresponde al Congreso de la República evaluar y declarar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral", enfatiza el informe.
Presuntos delitos y solicitud a otras instancias
El documento también recomienda remitir el informe a la Fiscalía de la Nación para que evalúe el inicio de investigaciones preliminares contra Boluarte Zegarra y los posibles responsables, por la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y falsedad genérica.
A la vez, se recomienda enviar este documento a la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento para que determine si la mandataria, "como consecuencia de las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido, ha incurrido en una infracción a lo dispuesto en los artículos 113, 114, 115 y 118 de la Constitución".
Modificación del reglamento y denuncia de obstrucción
En el informe final, se advierte la necesidad de modificar el artículo 88 del Reglamento del Congreso para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría cuente de manera permanente con facultades de investigación sobre asuntos de interés público. "Actualmente, la necesidad de solicitar facultades especiales para cada caso limita la capacidad de respuesta del Congreso ante situaciones que requieren un control inmediato y efectivo", señala.
También se pide al Pleno del Parlamento otorgar a la comisión congresal facultades investigadoras para culminar con las indagaciones sobre este caso. Asimismo, el informe agrega que la gravedad de la obstrucción de las funciones de fiscalización se evidencia por los actos de amedrentamiento dirigidos contra profesionales médicos que podrían aportar información relevante.
En particular, se ha documentado el caso del doctor Mario Cabani Ravello, gerente general de Rejuvenecimiento y Estética Cabani, quien mediante cartas notariales N.º 195898 y N.º 195899, de fecha 09 de junio del 2025, ha denunciado formalmente haber sido objeto de presiones indebidas.
"El uso de mecanismos intimidatorios para silenciar testimonios técnicos especializados constituye una práctica autoritaria que configura una crisis de gobernabilidad, generando responsabilidad penal, político-constitucional y civil, lo que exige la adopción de medidas de protección a los profesionales médicos", puntualiza el documento.
Se reitera que Dina Boluarte Zegarra, en su calidad de presidenta de la República, se sometió durante los últimos días de junio de 2023 a una intervención quirúrgica de carácter estético y funcional, según lo señalado por el médico cirujano estético Mario Renato Cabani Ravello.
