El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha promulgado la Ley Nº 32387, que establece una reducción progresiva del Impuesto General a las Ventas (IGV), pasando del actual 18% a un 14% para el año 2029. Paralelamente, el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) aumentará del 2% al 4% en el mismo periodo.
Esta medida, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca promover la descentralización fiscal y fortalecer el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). Sin embargo, ha generado un fuerte rechazo y advertencias por parte de diversas instituciones y expertos. El Consejo Fiscal, el Fondo Monetario Internacional (FMI), gremios privados y expertos independientes han criticado la ley, alertando sobre un impacto fiscal superior a los S/10,000 millones y riesgos para la sostenibilidad fiscal y la calificación crediticia de la nación.
Detalles de la reducción y el aumento gradual
La cuarta disposición complementaria final de la nueva Ley Nº 32387 detalla la progresión de la reducción del IGV y el incremento del IPM en favor del Foncomun y los gobiernos municipales a partir del ejercicio 2026:
- 5% en el año fiscal 2026
- 5% en el año fiscal 2027
- 5% en el año fiscal 2028
- 5% en el año fiscal 2029
Para acceder a este incremento, las municipalidades deberán cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, se exige que cuenten con al menos dos de sus tres instrumentos de planeamiento estratégico aprobados: el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI). Estos planes deben estar alineados con las políticas nacionales y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050. Además, su aprobación debe ser respaldada por actos resolutivos específicos, como ordenanzas municipales o resoluciones de alcaldía, y contar con la opinión técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
Críticas y advertencias sobre la sostenibilidad económica
La promulgación de esta ley ha sido recibida con escepticismo por parte de economistas y especialistas. Luis Arias Minaya, expresidente de la Sunat, expresó su preocupación al señalar que esta nueva ley podría comprometer la estabilidad económica del país. Según Arias Minaya, el actual gobierno estaría transfiriendo el ajuste fiscal necesario al próximo mandato. "Lo que está haciendo este gobierno es gastarse los recursos y dejándole el ajuste al próximo", sentenció.
Las advertencias sobre un posible desequilibrio en las finanzas públicas y el riesgo para la estabilidad macroeconómica del país ponen esta ley bajo el escrutinio de los observadores económicos, mientras el gobierno defiende su objetivo de impulsar la descentralización.
