La crisis en el Ministerio Público se agudiza. Tras ser restituida en su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la fiscal suprema Patricia Benavides notificó formalmente a Delia Espinoza que debía abstenerse de seguir ejerciendo como Fiscal de la Nación.
La carta, enviada el 13 de junio a través de la mesa de partes electrónica de la Fiscalía de la Nación, llegó un día después de que la JNJ emitiera la Resolución N.º 231-2025-JNJ. Esta resolución no solo anuló la destitución de Benavides, sino que también ordenó su inmediata reincorporación al cargo.
Exigencia de abstención y eficacia inmediata del mandato
En el oficio, Benavides fue contundente en su exigencia: "Solicito se abstenga de realizar actos de gestión y administración pertinentes al cargo de fiscal de la Nación, ya que, de hacerlo, se estaría incurriendo en faltas administrativas e ilícitos penales”.
El escrito invoca los artículos 16 y 17 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la Ley 27444) para sustentar la eficacia inmediata del acto administrativo que ordenó su reposición. "Se entiende por eficaz la Resolución N.º 231-2025-JNJ desde su emisión el 12 de junio de 2025", precisó Benavides.
Además, subrayó que no se requería ningún trámite adicional ni mediación previa para su reincorporación, ya que el mandato de la JNJ era de cumplimiento automático y no dejaba lugar a ambigüedades. "Exijo se ejecute lo dispuesto en la Resolución N.º 231-2025-JNJ", concluye la misiva de Benavides.
Resistencia y posibles consecuencias legales
A pesar de esta notificación formal y clara, Delia Espinoza habría impedido el ingreso de Patricia Benavides a su despacho de la Fiscalía de la Nación. El argumento esgrimido por Espinoza fue que Benavides no había solicitado una “audiencia previa”, un requisito que, según se subraya, no tiene sustento en la norma ni está contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Esta acción de Espinoza, al desobedecer un mandato formal, plenamente notificado y con eficacia legal desde el 13 de junio, podría exponerla a responsabilidades administrativas e incluso penales.
Mientras la crisis persiste y se espera un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, el documento enviado por Benavides evidencia que Delia Espinoza fue advertida con claridad sobre las implicancias de su accionar, y que su permanencia en el cargo, en estas circunstancias, podría considerarse una forma de resistencia a la restitución ordenada por la máxima autoridad disciplinaria del país.
