En medio de una de las crisis de legitimidad más severas desde el retorno a la democracia, el Gobierno peruano ha oficializado el incremento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales, lo que representa un aumento del 128%. La medida fue concretada a través del Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, firmado por la propia mandataria y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, desatando una fuerte polémica a nivel nacional.
El decreto señala que el incremento fue aprobado por el Consejo de Ministros y se sustenta en la implementación progresiva de la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057), que establece el régimen de compensaciones para altos funcionarios.
Desconexión con la realidad y cuestionamientos éticos
La decisión ha generado una ola de críticas, especialmente porque la presidenta Boluarte registra uno de los niveles de desaprobación más altos. El gesto de estampar su firma en un decreto que la convierte en una de las funcionarias mejor pagadas del país, en un contexto de crisis económica y social, ha sido ampliamente cuestionado.
El decreto fue emitido tras la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) del Despacho Presidencial por parte de Servir, cumpliendo así los requisitos técnicos exigidos por la Ley de Presupuesto de 2025. Sin embargo, el contraste entre la nueva remuneración de Boluarte y sus propias declaraciones pasadas no ha pasado desapercibido. No hace mucho, la mandataria afirmó públicamente que con 10 soles se podía comer en el Perú. Hoy, sus críticos señalan la evidente desconexión entre su discurso y sus acciones.
A raíz de esta decisión, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó con carácter de urgencia a los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Servir para que rindan cuentas este mismo viernes 4 de julio sobre los fundamentos del polémico aumento.
Aunque legalmente respaldada, la medida ha sido interpretada por amplios sectores de la sociedad como una muestra de autobeneficio político en medio de la crisis de legitimidad que atraviesa la gestión.
