En un acto que ha generado indignación y que es calificado como un grave atentado contra la libertad de expresión, el oficial mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno, ha emitido una directiva que prohíbe a los trabajadores del Parlamento declarar a la prensa o expresar opiniones públicas, incluso fuera de su horario laboral.
La medida, comunicada a través del memo múltiple 625-2024.2025-OM/CR, ha sido catalogada por diversos analistas como autoritaria y una flagrante vulneración de los derechos fundamentales y la Constitución.
Esta disposición surge después de un reciente escándalo, donde una dirigente del sindicato congresal Sitraparl denunció el alquiler de un edificio en San Luis para albergar a los denominados "genios legados" que trabajarían en la infraestructura del futuro Senado. La denuncia, que ha puesto el foco en la transparencia del uso de recursos públicos, parece haber desencadenado esta restrictiva medida que busca silenciar a los empleados del Legislativo.
La coacción a la libertad de opinión y expresión de los asalariados del Congreso es un hecho sin precedentes que, según diversas voces, debe ser investigado a fondo para determinar si existen motivaciones ocultas detrás de esta drástica prohibición.
