El expresidente Martín Vizcarra enfrenta hoy una audiencia crucial en el Poder Judicial, donde se evaluará un pedido de seis meses de prisión preventiva en su contra. La solicitud fue presentada por el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, quien acusa al exmandatario de haber recibido más de un millón de soles en sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.
La audiencia presencial se ha fijado para este miércoles 25 de junio, a partir de las 11:30 de la mañana, y estará a cargo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, que será el encargado de emitir la decisión.
El Ministerio Público argumenta que posee elementos de convicción que vinculan directamente a Vizcarra con actos de corrupción. Además, ha alertado sobre un riesgo concreto de fuga y de obstaculización del proceso penal, justificando así la necesidad de la medida cautelar.
Favorecimiento ilícito en obras emblemáticas
Según la tesis fiscal, Vizcarra habría favorecido a empresas constructoras en la adjudicación de dos proyectos emblemáticos en Moquegua: el sistema de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua. A cambio de estas adjudicaciones ilícitas, el expresidente habría exigido pagos irregulares a través de intermediarios de su entorno cercano. Entre las compañías señaladas figura Obrainsa, una de las constructoras investigadas en el caso Lava Jato.
Los investigadores han reunido testimonios de colaboradores eficaces, informes periciales y documentos que, según la Fiscalía, prueban la existencia de pactos ilegales entre Vizcarra y representantes de los consorcios. Estos acuerdos habrían garantizado que las obras, valorizadas en decenas de millones de soles, fueran entregadas a empresas específicas a cambio de pagos encubiertos, replicando un mismo "modus operandi".
En el caso del proyecto Lomas de Ilo, el fiscal Juárez ha indicado que Vizcarra no solo conocía los procedimientos de licitación, sino que intervino directamente en la exigencia de sobornos para asegurar la buena pro. Un patrón similar se habría identificado en el caso del Hospital de Moquegua, donde las adjudicaciones habrían estado condicionadas al pago de coimas. Los colaboradores eficaces han detallado reuniones, mecanismos de entrega de dinero y rutas de pago que comprometerían al expresidente
Riesgo de fuga y obstaculización
Para el Ministerio Público, la gravedad de los hechos y la relevancia del imputado en el ámbito político y mediático justifican plenamente la solicitud de prisión preventiva. El fiscal Juárez Atoche también advirtió que Vizcarra podría utilizar su influencia política o mediática para desestabilizar el proceso penal e incluso abandonar el país. Por este motivo, se solicitó que la audiencia se desarrolle de manera presencial, y no virtual, como una medida para asegurar el cumplimiento de las garantías procesales.
La normativa vigente establece sanciones si la defensa técnica del imputado no asiste a la diligencia sin justificación válida, pudiendo darse cuenta a la Dirección Nacional de la Defensoría Pública en caso de inasistencia del defensor público. La decisión del Poder Judicial hoy definirá si Martín Vizcarra afrontará la investigación bajo prisión preventiva.
