A través del Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, el Ejecutivo busca asfixiar financieramente a las bandas de sicariato y fortalecer la seguridad tecnológica en rutas y terminales.
En un paso decisivo dentro de la denominada "lucha frontal contra la delincuencia", el Gobierno del presidente José Jerí oficializó hoy la reglamentación de la Ley N.° 32490. La norma, publicada en el diario oficial El Peruano bajo el Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, establece medidas extraordinarias para combatir los delitos de extorsión y sicariato, con un énfasis especial en la protección de los sectores de transporte público y de mercancías.
La normativa surge como respuesta al asedio de organizaciones criminales que han golpeado la movilidad y la economía nacional. "Pretendemos garantizar la continuidad de un servicio esencial para el empleo y la vida de millones de peruanos", señala el documento técnico.
Estrategia financiera: Rastreo de cupos
Uno de los pilares de este reglamento es el golpe al patrimonio del crimen organizado. El decreto dispone el refuerzo inmediato del control de los flujos financieros vinculados a pagos extorsivos.
Bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en estrecha coordinación con la Policía Nacional, se rastrearán cuentas y movimientos sospechosos para identificar y desarticular las redes económicas que sostienen a estas bandas.
Tecnología y Georreferenciación
Para optimizar el despliegue policial, el Ministerio del Interior implementará mapas delictivos georreferenciados. Esta herramienta permitirá identificar zonas críticas en tiempo real y dirigir operativos preventivos de manera más eficiente.
Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) asumirá un rol activo mediante la certificación de "Rutas y Paraderos Seguros". El plan incluye la incorporación progresiva de:
Cámaras de vigilancia de alta resolución en unidades y terminales.
Sistemas de monitoreo satelital.
Botones de pánico integrados directamente a los centros de comando de la Policía Nacional.
Acción inmediata
El decreto no solo se limita a la persecución, sino que establece una estrategia integral que abarca la prevención, la protección a las víctimas y la respuesta policial rápida. Con esta publicación, el Ejecutivo consolida una política de Estado que busca devolver la tranquilidad a los transportistas y usuarios que, durante meses, han exigido medidas concretas frente al avance del sicariato en el país.
