Francisco Morales Saravia se habría comprometido a apoyar a la suspendida fiscal de la Nación en la presentación de su demanda competencial contra la JNJ. Además, habría intentado captar a otros magistrados de dicha institución.
El último martes, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICOOP), que dirige la fiscal superior Marita Barreto, con el apoyo de 23 fiscales y más de 100 policías de la Diviac, llevó a cabo el operativo “Valkiria XI” y allanó 21 viviendas de siete nueve involucrados en la presunta organización criminal que habría liderado la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Además, se detuvo a los exasesores del Ministerio Público Miguel Girao y Abel Hurtado, el abogado Luis Castillo Alva y su esposa Mirtha Gonzáles, el empresario Giancarlo Valer Enciso, entre otras personas más. Todos ellos vienen siendo investigados por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, etc.
La resolución judicial que autorizó la detención de estas personas contiene las declaraciones de un colaborador eficaz que agravó aún más la situación de Benavides, ya que la sindicó de ser la receptora de una coima de S/ 30,000 a fin de direccionar una licitación en el Ministerio Público.
Sin embargo, este informante involucró a nuevos personajes, entre ellos, un alto funcionario. Se trataría del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, quien habría ayudado a Benavides en la demanda competencial que presentó contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De acuerdo con el testimonio del colaborador, para evitar que sea suspendida en el cargo luego que la JNJ le abriera una indagación por haber separado de su cargo a la fiscal suprema Betzabé Revilla, Benavides junto a su exasesores Girao y Jaime Villanueva planificaron que debían plantear una demanda competencial ante el TC porque “tenían que aprovechar que el Morales es muy cercano al fiscal adjunto supremo Marco Huamán y, por intermedio de este, les harían el favor de declarar fundada la demanda”.
Para elaborar la demanda competencia, Benavides habría convencido a los otros fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena para que apoyen en la formulación del texto.
Es así que, en los primeros días de agosto del 2023, Girao y otros abogados elaboraron la demanda competencial para presentarla ante el TC.
“Todo eso era dirigido por Benavides, quien había enviado al fiscal Huamán a reunirse con Morales en la sede del TC para pedirle que la apoyen declarando fundada la demanda competencial. En esa reunión, el presidente del TC le dijo al fiscal que tenían que presentar la demanda antes del 20 de agosto del 2023 porque se iba a ausentar por varios días y quería dejar admitida la demanda”, se lee en la resolución judicial, a la que accedió Gestión.
Además, según refiere el colaborador eficaz, Morales “se comprometió a ayudar a Benavides y que declararían fundada la demanda”. Para asegurar su ayuda, el magistrado se habría comprometido a designarse como ponente de la causa.
Tras esa reunión, el pasado 16 de agosto del 2023 el Ministerio Público presentó la demanda competencial ante el TC. Toda la coordinación para la presentación del documento la hizo Huamán, quien estaba en las instalaciones del TC y coordinó directamente con Morales.
“El 29 de agosto del 2023, como lo habían acordado Benavides y Morales, a través de Huamán, admitieron a trámite la demanda competencial porque el 31 de agosto el presidente del TC viajó al extranjero por varios días, además se hizo designar como ponente de la causa para garantizar con eso que mostraría una posición a favor en su informe para declarar fundada la demanda”, añade el documento.
Benavides buscó captar a demás integrantes del TC
En otro extremo de su declaración, el colaborador eficaz informó que posterior a la admisión de la demanda competencial en el TC, el plan de Benavides era captar a los otros integrantes de dicha institución para garantizar que declaren fundado el recurso.
Es por dicha razón que la suspendida fiscal de la Nación se reunió constantemente con el abogado José Luis Hauyón y el empresario Hernán Garrido Lecca, quienes integrarían la red criminal de Benavides, en una oficina en Surco “para tratar de buscar la forma de llegar a los tribunos del TC”.
“En esa reunión que tuvo Benavides, Villanueva y Girao en la Fiscalía de la Nación, ella les dijo que, por intermedio de Hauyón y Garrido Lecca había contactado al rector de la Universidad San Martín de Porres, José Antonio Chang, quien les había garantizado que él tenía la conexión con los magistrados Luis Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich”, se lee en el texto.
Según refirió el informante, a través de su universidad, Chang invitaba a estos tres integrantes del TC a congresos donde les pagaba los viajes y gollerías.
“Con el apoyo de ellos, sumado a Morales por intermedio de Huamán, solo faltaba captar a la magistrada Luz Pacheco, porque Manuel Monteagudo es ‘caviar’ y no lo podían captar”, añade el colaborador.
