
El Pleno del organismo electoral oficializó la Resolución 4557-2026-JNE, que frena las aspiraciones de Rafael López Aliaga y otros 19 postulantes a nivel nacional. Mientras diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) acatan la medida, se reportan focos de desacato.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por mayoría, zanjó de manera definitiva el debate en torno a la denominada reelección encubierta de alcaldes y gobernadores regionales. A través de la Resolución N.º 4557-2026-JNE, el máximo organismo electoral estableció que ningún candidato a primer regidor que haya ejercido como alcalde durante el periodo 2023-2026 podrá asumir el cargo de burgomaestre para el periodo 2027-2030 mediante la modalidad de sucesión.
La medida trunca la posibilidad de que Rafael López Aliaga y otros 19 postulantes de diversas regiones del país que intentaron continuar en el cargo accedan al sillón municipal bajo dicha figura.
"La condición de primer regidor no habilita para asumir la alcaldía a quien se encuentre comprendido en la prohibición de reelección inmediata prevista en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú", señala el oficio del ente electoral.
El pasado 10 de noviembre, el presidente del JNE, Roberto Burneo, ratificó la postura institucional: "Lo que sí determinamos es que nunca íbamos a avalar una reelección encubierta. Segundo, íbamos a actuar conforme a la Constitución, la ley y el ordenamiento electoral respectivo".
Aplicación de la norma y corrección de proclamaciones
La disposición del JNE determinó que sea el segundo regidor de la lista ganadora quien asuma la alcaldía en cada localidad afectada. Para ello, el organismo dispuso corregir proclamaciones previas de resultados:
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San Martín y Amazonas: El JEE de Bagua había proclamado inicialmente al alcalde y candidato a primer regidor Hermógenes Lozano Trigoso (Somos Perú) en Zapatero, pero el JNE enmendó la plana y nombró a la segunda regidora Luz Pumaricra Cardorzo. Un escenario idéntico ocurrió en Moyobamba con Carlos Hidalgo Reátegui, siendo reemplazada por la segunda regidora Diana Sánchez Lozano.
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Camaná e Islay: El JEE de Camaná proclamó al segundo regidor Eduardo Condori Sucari (Ahora Nación) como alcalde de Mejía, y a Gladys Santos Turpo en la provincia de Islay.
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Ica y Requena: El JEE de Ica nombró alcaldesa de San Juan Bautista a la segunda regidora Rita Guerrero (Renovación Popular) —aunque el partido apeló para que continúe el actual burgomaestre Jorge Quispe Saavedra—. En Requena, asumió la segunda regidora Cinthya Wagner Zagaceta.
Focos de desacato en JEEs y proyecciones en Lima
Pese a la directiva nacional, algunos Jurados Electorales Especiales no acataron la resolución, generando controversia:
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JEE Lima Este 2: No aplicó el fallo, dejando el cargo de alcalde vacante sin nombrar a la segunda regidora Margiori Mejía Alva, manteniendo al actual burgomaestre Jesús Maldonado Amao como primer regidor.
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JEE de Chiclayo: En la provincia de Ferreñafe procedió de forma similar, proclamando únicamente a regidores provinciales y designando al actual alcalde Polanski Carmona como primer regidor, a la espera de que la segunda regidora Martha de la Oliva Bonilla (Somos Perú) asuma la posición.
En paralelo, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, deslizó la posibilidad de que la primera regidora Jeanette Alonzo no juramente como alcaldesa de Lima, evaluándose la alternativa de que el tercer regidor, Alberto Gálvez Olivares (actual alcalde de Jesús María), asuma el cargo.
Vía legal y postura de expertos
Ante la situación, Renovación Popular presentó un recurso de reconsideración ante el JNE para revocar la decisión que frena a los primeros regidores.
Sin embargo, el experto en temas electorales y presidente del Instituto Aklla, José Tello, explicó que dicha vía no es viable debido a que se trata de un asunto votado y resuelto en última instancia electoral. No obstante, precisó que si el partido judicializa el caso y obtiene un fallo favorable en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, el JNE se vería obligado a otorgar las credenciales por mandato judicial.











