Con una votación de 6 a 1, la JNJ decidió el retiro forzoso del fiscal supremo. Se le cuestiona su interferencia en diligencias a favor de IDL, intromisión en el caso Lava Jato y el cobro de triple sueldo estatal.
En una decisión que marca un antes y un después en el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) determinó la no ratificación de Pablo Sánchez como fiscal supremo. La resolución, basada en la ponencia del magistrado Cayo Galindo, pone fin a la carrera del veterano abogado tras una serie de hallazgos que, según el organismo, no se ajustan a las buenas prácticas y la ética que exige el Estado.
La salida de Sánchez se produce en medio de serios cuestionamientos que vinculan su gestión con presuntos favorecimientos a sectores específicos y faltas administrativas graves, dejando una vacante en la Junta de Fiscales Supremos que deberá ser cubierta mediante concurso público.
El factor IDL y la llamada a favor de Gorriti
Uno de los puntos determinantes en la ponencia de Galindo fue la interferencia de Sánchez en las investigaciones de los "Cuellos Blancos del Puerto". Se recordó que, en junio de 2018, el entonces Fiscal de la Nación llamó al fiscal anticorrupción Rodrigo Rurush para frenar un pedido de información dirigido a la ONG IDL.
Este acto fue calificado como una intromisión indebida para proteger a Gustavo Gorriti, quien posteriormente fue señalado por recibir audios de manos de Sánchez para fines presuntamente políticos. Estas acciones, sumadas a su cuestionado rol en el caso Lava Jato, minaron la confianza de la JNJ sobre su imparcialidad.
Triple cobro y nepotismo: los otros flancos de la sanción
La JNJ también enfatizó las irregularidades administrativas que ya habían costado a Sánchez una suspensión de 120 días en 2024. Según el informe, el exfiscal vulneró la normativa estatal al recibir tres ingresos simultáneos de fondos públicos:
Sueldo como alto funcionario del Ministerio Público.
Remuneración como docente en una universidad estatal.
Dietas en la Academia Nacional de la Magistratura.
A este escenario se suma la denuncia por aprovechamiento del cargo, tras revelarse que habría recomendado a su hijo, Diego Sánchez, para ocupar un puesto laboral en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Una votación contundente
El informe de Cayo Galindo recibió el respaldo mayoritario de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, y los magistrados Víctor Chanduví, Gino Ríos, Germán Serkovic y Francisco Távara. Este último, aunque votó a favor, indicó que presentará reservas por escrito.
El único voto en contra fue emitido por Jaime de la Puente, quien defendió la continuidad de Sánchez en el cargo. Con esta decisión, el Ministerio Público inicia una etapa de recomposición en su cúpula, mientras Sánchez encara un retiro forzoso empañado por las investigaciones sobre su conducta funcional.
