El exjefe de gabinete y el parlamentario de Juntos por el Perú actúan como abogados de una inmobiliaria, utilizando un error material de tipeo para beneficiarse con fallos de juezas supernumerarias.
MADRE DE DIOS. En medio de un cuestionado proceso judicial por terrenos en la región de Madre de Dios, el actual senador de Juntos por el Perú (JP), Hugo Ccahuana, y el investigado por el golpe de Estado de 2022, Aníbal Torres, han reaparecido públicamente asumiendo la defensa legal de una empresa acusada de usurpación y beneficiada por fallos de juezas supernumerarias.
La intervención de Ccahuana y el viaje a Cusco
El caso involucra a la empresa Pillco Construcciones Inmobiliaria. Antecedentes del caso indican que, el 26 de mayo del año pasado —cuando Ccahuana aún ejercía como abogado de dicha compañía y antes de volcarse de lleno a su campaña al Senado—, viajó junto a sus patrocinados hasta la localidad de Anta, en el Cusco, con el propósito de lograr que un notario les validara diversas transacciones realizadas en la zona selvática.
La reaparición de Aníbal Torres y el argumento del "error de tipeo"
Posteriormente, el caso escaló a instancias superiores. El último martes, la Sala Civil de Madre de Dios tenía previsto evaluar un recurso de apelación vinculado a la empresa Proyecto Inmobiliario Viviendas Agroforestales.
De manera sorpresiva, se conectó de forma remota desde Lima el abogado y expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para asumir la defensa de los intereses que antes representaba el legislador izquierdista Ccahuana.
Durante su exposición, el argumento central de Torres consistía en señalar que la contraparte había presuntamente fraguado una escritura notarial fechada en el año 2010. Sin embargo, la estrategia legal omitió deliberadamente un detalle crucial: dicha fecha se encontraba dentro de una minuta rotulada en el año 2013, lo que en los hechos evidenciaba claramente un simple error material de tipeo y no una maniobra dolosa o de engaño.
El rol de las juezas supernumerarias
Detrás de este litigio se encuentran decisiones judiciales que han favorecido a los patrocinados de los políticos. En la primera instancia del proceso, la jueza supernumeraria Anela Ikeda Chávez —quien reemplazaba temporalmente a la también supernumeraria Ángela Cornejo Valderrama— emitió un fallo favorable a los intereses de Pillco Construcciones Inmobiliaria, desatando cuestionamientos sobre la evaluación de las pruebas y el manejo de los plazos judiciales en la región.
