
El presidente Balcázar descartó irregularidades graves y llamó a la calma, mientras la Policía advierte que usará la fuerza si se altera el orden público. Sectores de Juntos por el Perú e integrantes de la CNUL convocan a movilizaciones.
En la recta final del escrutinio de la segunda vuelta presidencial, el Ejecutivo comenzó a adoptar medidas de previsión frente a un escenario de creciente tensión política: el riesgo de que diversos sectores desconozcan los resultados oficiales que emitirá la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para definir al próximo inquilino de Palacio de Gobierno entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
El presidente de la república, José María Balcázar, confirmó que su administración viene coordinando estrechamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar la paz pública y mitigar suspicacias en la ciudadanía. El mandatario descartó que el Ejecutivo posea reportes de anomalías significativas en el proceso electoral.
"Estamos tranquilos. No tenemos ningún tipo de información sobre irregularidades graves. El Perú necesita que recibamos información lo más rápido posible para evitar cualquier tipo de suspicacia que pueda a la población molestarla. Por eso, nosotros a nivel nacional estamos coordinando con la Policía Nacional para que también converse con los dirigentes que pudieran eventualmente pretender desconocer los resultados", declaró el jefe de Estado en una entrevista para Exitosa.
PNP activará planes de contingencia y control de disturbios
Por su parte, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, anunció la puesta en marcha de operativos especiales orientados a la protección de instituciones públicas, activos estratégicos del Estado y la ciudadanía en general.
En diálogo con Panamericana Televisión, el alto mando policial subrayó que, si bien se respetará el derecho constitucional a la protesta pacífica, la institución mantendrá una postura firme y de tolerancia cero ante desmanes.
"Si es que hay personas que alteran este orden público, que generan violencia en contra de personas, por supuesto que vamos a actuar en el uso gradual de la fuerza", enfatizó Arriola.
Para asegurar la efectividad de las operaciones, la PNP trabaja articuladamente con las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Pública y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los planes operativos toman como referencia las lecciones logísticas de las denominadas "Tomas de Lima" ocurridas en años anteriores.
Convocatorias y denuncias de fraude elevan la temperatura política
La alerta de las fuerzas del orden coincide con un endurecimiento en el discurso de la candidatura de Roberto Sánchez. El líder de Juntos por el Perú (JP) ha utilizado sus plataformas digitales para sembrar dudas sobre el proceso, en paralelo a la presentación formal de recursos de nulidad contra más de 1,700 mesas de sufragio bajo la acusación de un presunto fraude.
Asimismo, agrupaciones ligadas a JP han convocado a movilizaciones en la capital bajo los lemas de 'Toma de Lima' y 'Los cuatro suyos', con el fin de presionar y concentrar manifestantes mientras el organismo electoral procesa las actas finales.
Foco de conflicto en el sur del país
El clima de confrontación también registra un incremento en el sur del país, específicamente en la región Puno. Lucio Ccallo Ccallata, dirigente de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) —quien es identificado por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) como integrante del Movadef—, anunció el inicio de una huelga indefinida.
Ccallo Ccallata amenazó abiertamente con bloquear el puente internacional de Ilave y adelantó que las bases gremiales que representa desconocerán una eventual victoria de la candidata de Fuerza Popular. "Vamos a marchar a Lima para impedir que el fujimorismo triunfe, no vamos a aceptar su triunfo", aseveró, sumándose a las denuncias de fraude contra la ONPE sin presentar evidencias técnicas.
Frente a esta polarización, las autoridades de Gobierno han reiterado el llamado a la madurez democrática, instando a los actores políticos a canalizar sus reclamos por las vías institucionales y a esperar el veredicto de los entes electorales en un ambiente de paz.











