El exmandatario, Martín Vizcarra (2018-2020), reiteró este miércoles su posición sobre la transparencia en la adquisición de pruebas rápidas para COVID-19, luego de que la Fiscalía archivara una investigación en su contra. Vizcarra afirmó que el proceso de compra de 1.4 millones de estas pruebas fue transparente y dentro del marco legal.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, Vizcarra destacó que la Fiscalía de la Nación no encontró mérito para formular denuncia constitucional en su contra ni en la de varios exministros, indicando que no se hallaron acciones dolosas en la adquisición de las pruebas en el año 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia a nivel mundial.
Según Vizcarra, los requerimientos para la compra fueron emitidos por el Instituto Nacional de Salud, basados en la capacidad del único laboratorio disponible en ese momento para pruebas moleculares, así como en la necesidad de realizar testeos masivos utilizando las pruebas serológicas.
El exmandatario recordó una reunión de coordinación en el Ministerio de Economía, donde se debatió la escasez de insumos en el mercado mundial y la limitación de contar con un solo laboratorio de diagnóstico en el país.
"Esta decisión es una reivindicación de mi honor y una prueba de que en nuestro país la Justicia puede actuar de manera independiente, imparcial y objetiva", expresó Vizcarra en su comunicado.
El fiscal general interino, Juan Carlos Villena, explicó que la decisión de archivar la denuncia contra Vizcarra se basa en la falta de indicios de colusión entre el exmandatario y las empresas proveedoras. Señaló que no se encontraron pruebas suficientes que sugirieran un acuerdo subrepticio entre Vizcarra y las compañías.
Paralelamente a esta investigación, Vizcarra fue inhabilitado por el Congreso peruano en abril de 2021 para ejercer cualquier función pública por 10 años, debido a la polémica por su vacunación secreta contra la COVID-19. Esta decisión impidió que Vizcarra asumiera su cargo como congresista, para el cual fue elegido con la mayor votación nacional en las elecciones de 2021.
Además, en 2022, el Congreso impuso otra sanción contra Vizcarra, prohibiéndole ejercer funciones públicas durante 5 años, bajo acusaciones de supuestos vínculos con empresas durante su gestión como ministro en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
El 19 de marzo del mismo año, el Congreso formalizó una acusación penal contra Vizcarra por presuntos delitos de corrupción, relacionados con la contratación irregular de un cantante durante su mandato como ministro de Cultura.
