En un giro impactante, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción. Según revelaciones recientes, Oscorima habría recibido una coima millonaria de una constructora a cambio de favorecerla en una licitación para una importante obra en la región.
Los detalles del caso son escalofriantes. En el año 2020, un colaborador eficaz confesó ante el Ministerio Público que la empresa Obrainsa, una destacada constructora, entregó una suma cercana a los S/ 900,000 al gobernador Oscorima. A cambio, se esperaba que este influyera en el proceso de licitación para la construcción de una obra clave.
Según la declaración recogida por la Fiscalía, Oscorima se habría puesto en contacto con Alejandro Tello, gerente general de la empresa ALTESA Contratistas Generales S.A. El trato era claro: a cambio de su participación en el procedimiento, Oscorima recibiría un soborno equivalente al 3% del costo directo de la obra.
Sin embargo, Tello pronto se dio cuenta de que no cumplía con los requisitos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria. En un giro sorprendente, se comunicó con el gerente general de Obrainsa, Manuel Tejeda Moscoso, para que esta empresa pudiera participar en la licitación.
La propuesta era sencilla: Obrainsa se encargaría de la obra, y a cambio, Oscorima recibiría su coima. Además, se acordó que ALTESA subcontrataría el 50% de la obra a Obrainsa.
El cheque que destapó el escándalo fue emitido por Obrainsa. Tras ganar la licitación, Tello se comunicó con Tejeda para recordarle la propuesta que habían pactado. El 23 de enero de 2015, se concretó la entrega de S/ 856,568.30 mediante un cheque del Banco BBVA Continental, girado a nombre de Manuel Mina Paúcar, un trabajador de la compañía.
La periodista de Cuarto Poder, en una entrevista con Canal N, describió el proceso: “Oscorima exigía su coima, y ALTESA tocó la puerta de Obrainsa. El otro consorcio fue descalificado, y Obrainsa pidió más dinero para cumplir con el 3% del costo y pagarle a Oscorima”.
El Equipo Especial Lava Jato solicitó prisión preventiva por 36 meses para Oscorima en 2022. Aunque el juez Jorge Luis Chávez Tamariz rechazó la petición, se le impusieron restricciones. Hoy, el Poder Judicial le advirtió que cualquier incumplimiento resultará en prisión preventiva.
El abogado de Oscorima, Humberto Abanto, niega los hechos y argumenta que el gobierno regional no tuvo participación en la selección del ganador de la licitación. Sin embargo, las pruebas parecen contundentes: un cheque, fechado y con nombre, señala directamente al gobernador regional.
Este escándalo sacude los cimientos de la política en Ayacucho y deja al descubierto una red de corrupción que involucra a altos funcionarios y empresas constructoras. La justicia deberá determinar la culpabilidad de los implicados y restaurar la confianza en las instituciones públicas.