Asesor de Benavides coordinaba votos del Congreso por defensor del Pueblo y contra Ávalos. Fiscal responde denunciando a Boluarte y a Otárola por muertes.
Menos de una semana después de que el premier Alberto Otárola mandara públicamente una indirecta a Jaime Villanueva Barreto, asesor de la jefa de la fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, este fue detenido, en medio del operativo “Valkiria V”.
“Dile al filósofo que todo está bien, que todo está tranquilo”, había dicho el alto funcionario del Poder Ejecutivo a un equipo de Panorama que le preguntaba sobre la investigación por la contratación en el Estado de bellas jóvenes que no cumplirían los requisitos, y que son allegadas suyas.
El Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) inició investigación preliminar contra Villanueva y otros dos asesores de Benavides, a quien imputa ser la supuesta líder de una red criminal. Entre los investigados, se encuentran Miguel Ángel Girao y Abel Hurtado, denominados “operadores” de la alta dirección del Ministerio Público.
Fiscalía de la Nación responde con denuncia
Horas después, la fiscal de la Nación respondió con una denuncia constitucional ante el Congreso contra Dina Boluarte, en su condición de presidenta de la República; Alberto Otárola, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, como ministros de Estado; a todos ellos se les acusa por los delitos de homicidio calificado, en agravio de Víctor Santisteban Yacsavilca, y otros; así como lesiones graves en agravio de Renato Murillo Reyes, y otras víctimas de las protestas sociales que iniciaron en diciembre del año pasado.
Durante la madrugada, Benavides había firmado la remoción de la fiscal superior Marita Barreto de la coordinación del Eficcop.
Irónicamente, este grupo de investigación, que Benavides misma había creado, detectó tres hechos que evidenciarían una presunta organización criminal que la involucraba.
Los hechos que pondrían en jaque a la cabeza del Ministerio Público, son la designación como defensor del Pueblo de Josué Gutiérrez, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que mantiene una investigación contra Benavides.
Cabe señalar, que la fiscal de la Nación no puede ser investigada por una fiscalía provincial, por su calidad de suprema.
Eventos
Para obtener la orden de detención preliminar por 10 días contra el ahora exasesor, el fiscal Christian Niño Torres presentó al juez Jorge Chávez Tamariz unos chats de WhatsApp de Villanueva con un congresista de la República. También se logró autorización para allanamientos a su vivienda y a las de Hurtado (asesor) y Girao (coordinador parlamentario).
Los chats revelarían, primero, la presunta influencia ilícita de estos funcionarios para la designación de Gutiérrez Cóndor en la idea que, como titular de la Defensoría, presidiría la comisión especial de selección de la JNJ.
Segundo, la presión ejercida para la inhabilitación de Ávalos, a cambio del archivamiento de una investigación de carácter penal a los congresistas denominados “Los Niños”. Tercero, la influencia para la remoción de los miembros de la JNJ a cambio de favorecer a los legisladores en las investigaciones pendientes por resolver.
“Soy el único autorizado”
De acuerdo a las conversaciones, Villanueva habría mantenido cercanía con congresistas para influenciar y que, posteriormente, en la Fiscalía de la Nación, se terminarían de archivar las denuncias. En las conversaciones por WhatsApp, Villanueva fue rotulado con el nombre de “Jaime Fisca Congreso”.
