Un nuevo capítulo se escribe en la historia de la participación ciudadana en el Perú. El Poder Ejecutivo ha promulgado una ley que exige a los promotores de un proceso de revocatoria rendir cuentas del financiamiento de su iniciativa, con el debido sustento documental.
Esta medida, plasmada en la "Ley que modifica diversos artículos de la ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos", busca garantizar la transparencia y evitar el uso de recursos ilícitos en este tipo de procesos.
Nuevas reglas para la revocatoria
La flamante norma incorpora el artículo 29-A, el cual establece la obligatoriedad de la rendición de cuentas para los promotores de la revocatoria, así como para la autoridad sometida a este proceso.
En concreto, los promotores deberán presentar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un informe detallado de los ingresos y egresos relacionados con la campaña de revocatoria, incluyendo el origen de los fondos, los gastos realizados y los documentos que sustentan dichos movimientos.
Cumplir o pagar
El incumplimiento de esta disposición implicará el pago de una multa de hasta treinta (30) unidades impositivas tributarias (UIT) a favor de los organismos electorales.
Más requisitos para la revocatoria
La nueva ley también introduce otras modificaciones, como la exigencia de que cada solicitud de revocatoria debe estar acompañada del 25 por ciento de las firmas de los electores de cada circunscripción.
Inscripción en el JNE
Asimismo, los promotores, ya sea de manera individual o como organización, deberán inscribirse en el JNE una vez convocado el proceso, a fin de quedar legitimados para promover la revocatoria o defender a la autoridad en proceso de revocación.
Un paso hacia la transparencia
Estas nuevas disposiciones buscan fortalecer la democracia participativa en el Perú, garantizando que los procesos de revocatoria se lleven a cabo de manera transparente y con el debido respaldo ciudadano.
Se espera que estas medidas contribuyan a evitar el uso indebido de recursos y a fomentar la participación ciudadana responsable en los asuntos públicos.